El municipio de Vigo se encuentra en medio de un proceso legal para reivindicar su participación como sede del próximo torneo mundialista en 2030. La eliminación de su estadio, Balaídos, tras una supuesta manipulación dentro de la Federación Española de Fútbol (RFEF), ha llevado al gobierno local a tomar medidas jurídicas con el apoyo del bufete Montero Aramburu. Este caso pone en entredicho los procedimientos seguidos durante la selección de sedes y despierta tensiones políticas entre las autoridades locales y nacionales.
En junio de 2024, Vigo fue inicialmente seleccionada como una de las once ciudades que acogerían partidos del Mundial 2030. Sin embargo, horas después de esta decisión preliminar, ocurrió un cambio sorprendente: el estadio Anoeta de San Sebastián sustituyó a Balaídos en la lista oficial enviada a la FIFA. Según informes, María Tato, exfuncionaria de la RFEF, habría modificado deliberadamente las puntuaciones asignadas a cada candidatura. Estas acciones llevaron a su despido por parte del presidente de la federación, Rafael Louzán.
El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, no duda de que este ajuste responde a motivaciones personales relacionadas con su rivalidad política con Louzán. Ambos han mantenido diferencias históricas desde sus días en la política gallega. Caballero ha presentado correos electrónicos como evidencia clave, mostrando cómo Tato informaba directamente a Louzán sobre cada paso del proceso. Este hallazgo refuerza las sospechas de manipulación y justifica la búsqueda de reparación legal.
El Ayuntamiento ha contratado al abogado Eduardo Gamero del mencionado bufete para analizar exhaustivamente si los procedimientos empleados por la RFEF fueron legítimos o contravienen normativas establecidas. El estudio incluirá tanto aspectos doctrinales como jurisprudenciales para fundamentar cualquier acción judicial futura. Este análisis tiene una duración prevista de tres meses y pretende proporcionar argumentos sólidos que respalden la reintegración de Vigo como sede mundialista.
A pesar de la controversia actual, la última palabra sobre las sedes definitivas aún no ha sido emitida. La FIFA enviará su propia comisión evaluadora a España, Portugal y Marruecos durante el próximo año para determinar las condiciones reales de cada estadio propuesto. Hasta entonces, el litigio entre Vigo y la RFEF seguirá siendo un tema central en el ámbito deportivo y político español.
La exclusión de Vigo del Mundial 2030 podría tener repercusiones económicas significativas para la ciudad, estimadas en más de cien millones de euros en pérdidas potenciales. Con la estrategia legal en marcha, las autoridades viguesas esperan revertir esta situación mediante un dictamen jurídico riguroso y la intervención de las instancias judiciales pertinentes. Este caso ejemplifica cómo los intereses personales pueden influir en decisiones institucionales y subraya la importancia de garantizar transparencia en procesos de tal magnitud.