En los últimos días, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha visto envuelto en un escándalo mediático debido a las acusaciones vertidas por el documental "Laporta Gate – El Caso Reus 2". Este filme revela supuestas irregularidades financieras ocurridas entre 2016 y 2019 relacionadas con inversiones para salvar al equipo de fútbol de Tarragona. Según el documental, Laporta y su ex director general, Joan Oliver, prometieron a inversores recuperar sus fondos mediante contratos ficticios con el Barça, lo que resultó en pérdidas millonarias y la disolución del club reusense en 2020. Aunque Laporta niega las acusaciones y anuncia medidas legales contra el documental, este caso pone bajo escrutinio su ética empresarial.
El documental expone cómo el histórico club de fútbol de Tarragona fue utilizado como vehículo para operaciones financieras controvertidas. Durante el período mencionado, Laporta y su equipo buscaron fondos externos para revitalizar al equipo catalán, pero los resultados fueron desastrosos tanto para los inversores como para la entidad deportiva. Las hermanas Paula y Carmen Tartas aseguran haber sido engañadas con promesas falsas de recuperación económica ligada al Barcelona.
La situación financiera descrita en el documental muestra una red compleja de transacciones opacas. Supuestamente, Core Store y CSSB, empresas vinculadas a Laporta y Oliver, ofrecieron inversiones tentadoras para llevar al equipo reusense a Primera División y expandir el modelo azulgrana internacionalmente. Sin embargo, muchos inversores perdieron sus ahorros cuando US Real State Investment adquirió y posteriormente disolvió el club en 2020. Estas revelaciones cuestionan profundamente la integridad de quienes lideraron estas iniciativas.
Frente a las acusaciones planteadas, Joan Laporta ha emitido un comunicado oficial desestimando todas las afirmaciones del documental. Argumenta que esta producción está llena de medias verdades e información manipulada que afecta su reputación y la del FC Barcelona. Además, denuncia un intento claro de influir en procesos judiciales en curso.
En su declaración, Laporta recalca que ya prestó testimonio ante las autoridades judiciales sobre estos eventos, exponiendo lo que considera ser la realidad objetiva. Critica duramente la intención propagandística del título del documental y subraya que no otorgó permiso para usar su nombre. Con base en esto, afirma que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra los responsables del documental y cualquier medio que difunda información sesgada. Esta situación podría derivar en un largo proceso legal que analizará tanto la veracidad de las acusaciones como la legitimidad de la defensa presentada por Laporta.