En respuesta a las demandas de la Fiscalía General del Estado, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha decidido centralizar y coordinar las respuestas relacionadas con los casos de pederastia clerical en España. Sin embargo, la CEE rechaza proporcionar información detallada sobre abusos cometidos dentro de congregaciones, movimientos o instituciones religiosas específicas. Este posicionamiento refleja una estrategia que busca evitar compartir datos sensibles sobre casos prescritos o ya resueltos judicialmente.

El documento enviado por la Secretaría General de la CEE a todas las diócesis españolas deja claro que cada obispado debe responder individualmente a las solicitudes de la Fiscalía, pero siguiendo un modelo estandarizado. Este formato asegura que las respuestas sean uniformes y limitadas únicamente a denuncias previamente reportadas a las autoridades competentes.

En noviembre, la Fiscalía General del Estado solicitó información específica sobre posibles abusos sexuales contra menores ocurridos en el seno de diversas instituciones religiosas. La carta enviada por el nuevo secretario general de la CEE, César García Magán, establece directrices claras para las diócesis, incluyendo modelos predefinidos para facilitar dichas respuestas. Estos documentos se centran exclusivamente en denuncias activas o procesos canónicos vigentes, omitiendo cualquier referencia a casos prescritos o resueltos anteriormente.

Uno de los borradores adjuntos indica que las diócesis deben notificar a la Fiscalía solo aquellos casos que ya hayan sido comunicados formalmente a las autoridades judiciales locales. En ausencia de nuevos procesos canónicos, otro modelo simplemente afirma que no existen denuncias pendientes relacionadas con abuso sexual infantil.

Además, la CEE argumenta que las congregaciones religiosas, colegios y otras instituciones vinculadas a la Iglesia son entidades autónomas con personalidad jurídica propia. Por lo tanto, recomienda que cualquier solicitud de información adicional sea dirigida directamente a estas organizaciones independientes. Esta postura genera dudas sobre el nivel real de cooperación entre la Iglesia y las autoridades judiciales.

La falta de disposición para divulgar información completa sobre casos históricos plantea serias preocupaciones sobre la transparencia de la Iglesia Católica en este delicado tema. Aunque se han anunciado esfuerzos colaborativos con la Justicia, la actual estrategia adoptada por los obispos sugiere un enfoque selectivo que prioriza la protección de ciertos datos confidenciales.

Las acciones recientes de la Conferencia Episcopal ponen en evidencia tensiones entre la necesidad de proteger a las víctimas y la voluntad de mantener privacidad institucional. Al centrarse únicamente en casos actuales y evitando revelar detalles sobre incidentes pasados, la Iglesia parece optar por un camino que equilibra responsabilidad legal y discreción organizacional. Este enfoque podría tener implicaciones significativas en la percepción pública sobre su compromiso con la justicia y la verdad.