El miércoles 5 de febrero de 2025, el Tribunal Supremo se convirtió en el escenario de un debate jurídico crucial. En una vista pública celebrada por la Sala Segunda de lo Penal, la Fiscalía defendió la ratificación de la condena por prevaricación al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. Este caso se remonta a su gestión como líder de la Diputación Provincial de Pontevedra bajo el Partido Popular. La sentencia original, emitida en mayo de 2022 por la Audiencia Provincial de Pontevedra, fue apelada por Louzán, quien busca anular la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La controversia surge de la autorización de un pago de 86.311 euros a una constructora en 2011, destinado a cubrir sobrecostos en las obras del campo de fútbol de Moraña. Según el fiscal Javier Huete, este procedimiento administrativo violó la ley y constituyó un acto de prevaricación. El expediente que respaldaba dicha transacción fue calificado como "prevaricador", ya que se llevó a cabo fuera del marco legal establecido. Los defensores de Louzán argumentan que la legislación vigente permitía tales acciones, pero la interpretación del Ministerio Fiscal es clara: la conducta de Louzán y sus colaboradores implica una infracción grave.

En contraste, la abogada de Louzán, Mónika Godoy, sostuvo que los hechos no están en disputa, pero cuestionó la interpretación del comportamiento como delito de prevaricación. Ella afirmó que tanto la legislación de subvenciones como la de contratación pública permitían la realización del pago en cuestión. A pesar de esto, la posición del fiscal prevalece en cuanto a la ilegalidad del procedimiento utilizado.

La audiencia duró menos de media hora y Louzán no estuvo presente, ya que su asistencia no era obligatoria. El tribunal, presidido por Julián Sánchez Melgar y con Pablo Llarena como ponente, tendrá ahora que dictaminar sobre el recurso de casación presentado. Esta decisión podría tener implicaciones significativas para Louzán, quien actualmente ocupa la presidencia de la RFEF desde diciembre pasado. Si la condena se mantiene, según declaró la portavoz del Gobierno Pilar Alegría, Louzán deberá abandonar su cargo y se convocarán nuevas elecciones. Sin embargo, Louzán cree que aún existe margen legal para continuar en su puesto.

Este caso destaca la complejidad del sistema judicial español y pone de manifiesto las diferencias interpretativas entre las partes involucradas. Independientemente del veredicto final, la figura de Rafael Louzán seguirá siendo objeto de atención y debate en el ámbito político y deportivo del país.