El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), Arturo de Casa Vega, ha rechazado las críticas emitidas por diversas organizaciones civiles nacionales que argumentan que la nueva Ley General de Transparencia limita el acceso a la información pública y fomenta la opacidad gubernamental. Aseguró que esta legislación no tiene como propósito restringir derechos, sino mejorar los mecanismos institucionales para garantizar transparencia y protección de datos personales.

En respuesta a las acusaciones, De Casa Vega expresó su confianza en que la transformación institucional contribuirá al fortalecimiento de los derechos humanos. Destacó que las atribuciones relacionadas con la transparencia pasarán a otras entidades responsables de velar por estos principios fundamentales. Según él, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldan esta idea, subrayando que la Plataforma Nacional de Transparencia seguirá operativa.

Al mismo tiempo, organizaciones civiles como Proyecto Justicia Común (Projuc) y México Evalúa han manifestado su preocupación. Critican que la ley amplíe la clasificación de información reservada mediante criterios ambiguos, como “seguridad nacional” o “paz social”. Además, resaltan que se restringirá la divulgación de casos de corrupción hasta contar con sentencias definitivas, lo que dificultaría denuncias oportunas. También advierten que mermará la capacidad ciudadana de conocer investigaciones contra funcionarios públicos.

Otro aspecto cuestionado es la sustitución de 33 organismos garantes especializados por 270 autoridades subordinadas, lo que podría complicar la simplificación administrativa. En este contexto, México Evalúa critica la eliminación de la obligación gubernamental de registrar decisiones y acciones oficiales, considerándola un retroceso respecto al período del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La implementación de la nueva ley sigue generando controversia entre defensores de la transparencia y autoridades. Si bien existen posturas divergentes, queda claro que el equilibrio entre la protección de datos sensibles y la apertura gubernamental debe ser cuidadosamente gestionado. La discusión continúa abierta, buscando encontrar soluciones que beneficien tanto a las instituciones como a la sociedad civil.