En medio de una situación compleja, cuatro profesores del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez enfrentan incertidumbre tras ser separados de sus funciones sin una comunicación oficial clara. Desde su suspensión hace dos meses, estos docentes han denunciado la falta de información sobre el estado de las investigaciones en su contra, acusándoles injustamente según ellos mismos. Este conflicto surge después de una manifestación estudiantil que los señaló de abuso y maltrato.

Los maestros afectados aseguran que este movimiento fue manipulado por autoridades escolares y colegas con el objetivo de desacreditarlos. Además, destacan cómo esta suspensión impacta negativamente su desarrollo profesional y académico, bloqueando oportunidades clave para mejorar su carrera dentro del sistema educativo.

La Incertidumbre Laboral de los Profesores

Desde su separación temporal, los docentes no han recibido ninguna notificación formal respecto a la investigación iniciada tras las acusaciones realizadas por estudiantes. Esta ausencia de comunicación genera preocupación entre los afectados, quienes temen por el futuro de sus carreras educativas. A pesar de promesas iniciales de protección de derechos, no se ha avanzado hacia una solución justa.

El 20 de marzo pasado, alumnos realizaron una protesta donde acusaron a estos profesores de conductas inapropiadas. Como resultado, la subsecretaría de educación informó que los maestros serían apartados mientras se llevaban a cabo las indagatorias pertinentes. Sin embargo, desde entonces, no han obtenido respuestas claras ni detalles sobre el progreso o conclusión de dichas investigaciones. Esto crea un vacío legal que perjudica directamente sus vidas laborales.

Impacto Profesional y Demanda de Reparación

Esta prolongada espera no solo afecta emocionalmente a los docentes, sino también su trayectoria profesional. Al estar fuera de sus puestos, pierden acceso a importantes beneficios académicos y económicos, incluyendo participaciones en proyectos de investigación y convocatorias para ascenso. Además, forman parte de un cuerpo académico reconocido nacionalmente, cuya continuidad ahora está en riesgo debido a esta situación.

Los profesores exigen acciones concretas por parte de las autoridades educativas, específicamente una respuesta oficial que aclare su situación actual. Solicitan la restitución de sus derechos laborales, junto con medidas compensatorias que reconozcan los daños infligidos a sus reputaciones y carreras. Argumentan que carece de fundamento la acusación inicial y que su comportamiento siempre ha sido ético y profesional. Por lo tanto, instan a un análisis minucioso que demuestre su inocencia y permita restaurar su integridad como educadores comprometidos.