La Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentra examinando hoy el recurso interpuesto por Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), contra una sentencia que lo inhabilita para ocupar cargos públicos. Este proceso judicial se centra en hechos ocurridos durante su gestión como presidente de la Diputación de Pontevedra en 2013, donde se le acusa de prevaricación administrativa.

En esta ocasión, la justicia evaluará los argumentos presentados por Louzán en contra de la condena dictada en mayo de 2022 por la Audiencia Provincial de Pontevedra. Dicha condena confirmó parcialmente una anterior sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra. Si el Tribunal Supremo mantiene la sentencia, Louzán deberá dejar su puesto en la RFEF conforme a los estatutos de la institución. Las irregularidades investigadas incluyen la autorización de un sobrecosto de 86.311 euros a una constructora para obras no contempladas inicialmente en el proyecto del campo de fútbol de Moraña.

El caso ha sido objeto de múltiples revisiones judiciales. En un principio, Louzán fue condenado a dos años de prisión y ocho de inhabilitación, pero la Audiencia Provincial redujo la inhabilitación a siete años y excluyó el delito de fraude. A pesar de estos ajustes, la Audiencia consideró que existió prevaricación debido a la creación de un procedimiento administrativo ficticio para abonar cantidades no previstas en el contrato original. Louzán ha expresado su confianza en la justicia y continúa desempeñando sus funciones, incluso manteniendo reuniones importantes como la celebrada recientemente con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

Este caso subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. Independientemente del resultado final, es crucial que las autoridades ejemplifiquen el cumplimiento riguroso de las leyes y normativas, garantizando así la integridad de las instituciones y la confianza ciudadana en ellas.