El gobierno argentino ha puesto fin oficialmente a la investigación relacionada con el criptoactivo $LIBRA. A través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, se disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), encargada de recopilar información sobre las acusaciones de corrupción vinculadas al token digital promovido por el propio mandatario. Según el documento oficial, publicado recientemente, se considera que la UTI cumplió satisfactoriamente su misión y remitió todos los datos relevantes al Ministerio Público Fiscal.

La creación del token $LIBRA provocó una ola de controversias políticas y financieras desde su lanzamiento. En febrero pasado, tras su divulgación inicial en redes sociales, se descubrió que el valor del activo había colapsado abruptamente, afectando a numerosos inversores. Ante las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito, el ejecutivo constituyó la UTI para colaborar con el poder judicial mediante informes proporcionados por diversas entidades financieras nacionales. Sin embargo, tras menos de tres meses de funcionamiento, esta unidad fue desactivada justo antes de las elecciones legislativas en Buenos Aires.

Los próximos pasos en este caso dependerán de la acción de la justicia argentina, que continúa investigando posibles beneficios económicos obtenidos ilegalmente por el presidente y miembros cercanos a él. La jueza María Servini ha ordenado la inhibición de bienes de varios implicados, incluidos empresarios y exfuncionarios vinculados al sector criptográfico. Además, imágenes de seguridad revelan movimientos sospechosos realizados por familiares de uno de los principales involucrados, lo que podría demostrar intentos de ocultar activos obtenidos durante la operación del token.

En medio de tensiones políticas, la decisión gubernamental de cerrar la UTI refleja la importancia de garantizar transparencia en las instituciones públicas y privadas. Este caso subraya la necesidad de regular adecuadamente las tecnologías emergentes como los criptoactivos para proteger tanto a los inversores como al interés público. Más allá de las disputas partidarias, es fundamental fortalecer mecanismos legales y éticos que aseguren la confianza ciudadana en las estructuras democráticas y financieras del país.