Desde su implementación tras la reapertura del puente Simón Bolívar, los motocarga han jugado un papel crucial en el intercambio comercial binacional. Sin embargo, la incertidumbre jurídica y administrativa pone en jaque esta actividad esencial para la región tachirense.
Para Alexander Uribe, conductor de motocarga, la situación actual representa más que un inconveniente laboral. Es un ataque frontal a su capacidad de generar ingresos dignos para su familia. «Mi única herramienta de trabajo es mi moto», comenta con pesar, refiriéndose al vehículo que no solo le permite moverse dentro de San Antonio, sino también cruzar la frontera para adquirir productos básicos a precios accesibles.
Este mecanismo improvisado se ha convertido en una estrategia clave para reducir costos operativos. Al importar alimentos como arroz, harina y aceite desde Colombia, Uribe logra ofrecer tarifas competitivas en su bodega local. Este equilibrio precario entre oferta y demanda podría tambalearse si persisten las actuales limitaciones administrativas.
Las autoridades argumentan que ciertos tipos de carga exceden las capacidades técnicas de las motocicletas, representando riesgos tanto para los conductores como para la infraestructura del puente internacional. Aunque comprensible desde un punto de vista técnico, estas decisiones omiten considerar las realidades económicas de miles de pequeños comerciantes que dependen exclusivamente de este método.
Uribe relata un caso específico: «Quise traer unos pepitos para una actividad religiosa en la iglesia Sagrada Familia. El funcionario me detuvo, alegando que debía utilizar un vehículo mayor». Esta experiencia subraya la necesidad de clarificar qué artículos pueden transportarse mediante motocarga sin poner en peligro ni a los operadores ni al flujo comercial general.
Más allá de lo individual, las implicaciones de estas restricciones resuenan a nivel comunitario. En zonas como La Parada, donde los precios son considerablemente más bajos que en San Antonio, los motocarga han permitido democratizar el acceso a bienes fundamentales. Si desaparecen o disminuyen drásticamente sus operaciones, podrían surgir aumentos significativos en los costos de vida locales.
Además, cabe destacar que muchos clientes prefieren productos colombianos por su calidad percibida, aunque existan alternativas venezolanas disponibles. Este fenómeno demuestra cómo el comercio transfronterizo no solo satisface necesidades materiales, sino también expectativas culturales y gustativas particulares.
Ante este panorama complejo, expertos en comercio internacional sugieren establecer parámetros claros y específicos sobre los tipos y volúmenes de carga permitidos para cada vehículo. Tal medida garantizaría seguridad vial mientras protege las fuentes de ingresos de quienes ejercen esta profesión informal pero indispensable.
Por ejemplo, podría implementarse un sistema de certificación basado en el tamaño y peso máximo admisible para cada tipo de moto. Esto aseguraría que todos los participantes cumplan con estándares uniformes sin sacrificar oportunidades económicas legítimas.