El pasado martes, el Boletín Oficial publicó el decreto 332/2025, documento que marca el fin de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada específicamente para analizar el caso $LIBRA. Según fuentes oficiales, esta decisión se basa en la emisión de un informe presentado al Ministerio Público Fiscal, considerado suficiente para cerrar la investigación formal. Sin embargo, este argumento no logra convencer a todos los sectores involucrados, quienes ven en la medida una posible estrategia para desviar la atención pública.
La UTI fue instaurada tan solo cinco días después del anuncio presidencial sobre $LIBRA, una criptomoneda cuya volatilidad extrema levantó sospechas de fraude. Durante su existencia, la unidad reunió información crítica de diversas dependencias estatales, incluyendo la UIF, CNV y ARCA, entre otras. A pesar de estos esfuerzos, algunos críticos señalan que tres meses no son suficientes para desentrañar todas las complejidades detrás de un caso tan delicado.
Paralelamente a la disolución de la UTI, el ámbito legislativo enfrenta serios obstáculos para avanzar en la investigación del criptoescándalo. La comisión de Diputados designada para este propósito quedó bloqueada debido a una maniobra táctica de Martín Menem, quien reorganizó los bloques aliados creando un empate en la elección de autoridades. Este estancamiento ha generado frustración dentro de la oposición, que busca alternativas para reactivar el proceso.
Una sesión extraordinaria prevista para este miércoles podría ofrecer una oportunidad clave. Allí, los legisladores opositores pretenden forzar la designación de un titular para la comisión investigadora, superando así el punto muerto actual. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta resistencia desde el oficialismo, que prefiere canalizar el debate hacia otros frentes menos conflictivos.
Mientras tanto, el terreno judicial sigue avanzando con pasos firmes. La jueza María Servini de Cubría ha tomado medidas significativas, como el congelamiento de bienes y activos financieros de los principales implicados en el supuesto fraude con $LIBRA. Estas acciones refuerzan la importancia de continuar con las investigaciones, incluso cuando la UTI ya no existe oficialmente.
Además, la magistrada ha ordenado investigaciones reservadas sobre el patrimonio de figuras claves, incluyendo al presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Estas indagaciones, protegidas bajo secreto de sumario, buscan determinar posibles irregularidades en la evolución patrimonial de ambos. En este contexto, también se han incorporado nuevas denuncias contra Karina Milei, señalada de "recaudar coimas" en nombre del gobierno.
No deben olvidarse los roles de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quienes participaron en el Tech Forum, evento donde se sospecha que comenzó a gestarse el proyecto $LIBRA. El fiscal asignado al caso ha solicitado asistencia especializada para analizar sus movimientos financieros y patrimoniales desde 2023 hasta la fecha actual. Esta línea de investigación podría revelar conexiones cruciales entre los actores principales y el desarrollo de la criptomoneda.
Las pruebas obtenidas hasta ahora sugieren que el origen de $LIBRA está envuelto en una red de intereses económicos y políticos entrelazados. Es fundamental seguir profundizando en estas relaciones para establecer responsabilidades claras y evitar futuros escenarios similares.