En un movimiento estratégico para su defensa aérea, el Gobierno español ha optado por reforzar su capacidad militar adquiriendo exclusivamente aeronaves de combate de fabricación europea. Esta determinación marca un distanciamiento definitivo de los aviones de combate producidos en Estados Unidos, una decisión que ha trascendido tras un período de notables tensiones geopolíticas. La elección se centra en el consolidado Eurofighter y el emergente Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), subrayando un firme compromiso con la industria de defensa del continente y con una visión soberana de sus recursos. Esta postura no solo impacta la modernización de las fuerzas armadas españolas, sino que también recalca la complejidad de las relaciones internacionales y las prioridades estratégicas del país.
La decisión de España de privilegiar el armamento aéreo de origen europeo se produce en un contexto de persistentes desencuentros con la administración estadounidense. Uno de los puntos más álgidos de esta tensión ha sido la insistencia de Estados Unidos para que España eleve significativamente su inversión en seguridad, alcanzando el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB), una demanda que el gobierno español ha rechazado. El exmandatario estadounidense, Donald Trump, llegó a amenazar con duplicar los aranceles a los productos españoles si el país no cedía a sus exigencias, lo que añadió una capa de complejidad a las ya delicadas relaciones diplomáticas y económicas entre ambas naciones. Esta presión externa ha jugado, sin duda, un papel relevante en la reorientación de la política de adquisiciones de defensa española.
Además, en abril pasado, el Ejecutivo aprobó un presupuesto adicional de 10.471 millones de euros destinados a defensa, con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, en respuesta a la presión de la OTAN. Este incremento presupuestario viene acompañado de un compromiso de invertir el 89% de esos fondos en empresas españolas. Tal compromiso hace inviable la adquisición de un modelo estadounidense como pilar de la aviación de combate, ya que iría en contra de la política de fomento de la industria nacional. La Armada, por su parte, tiene previsto retirar sus aviones Harrier AV-8B en 2028, y aunque el F-35 de Lockheed Martin es el único caza de despegue vertical que podría sustituirlos, la prioridad es la inversión europea.
Para abordar la necesidad futura de aeronaves con capacidad de despegue vertical, se ha encomendado al astillero público Navantia la realización de un estudio de viabilidad para un nuevo portaaviones. Este estudio se centrará en el diseño de una cubierta de longitud suficiente para permitir el despegue y aterrizaje rodado, lo que podría tardar hasta dos años en materializarse. Este enfoque a largo plazo reafirma la dirección de España hacia la autonomía estratégica y el fortalecimiento de sus capacidades defensivas a través de la colaboración europea y el desarrollo de su propia base industrial y tecnológica de defensa.
Así, España reafirma su elección estratégica por la soberanía tecnológica y la colaboración intraeuropea en el ámbito de la defensa, impulsando el desarrollo de capacidades militares con un marcado acento continental y una visión a largo plazo. La preferencia por el Eurofighter y el futuro FCAS no es solo una cuestión de equipamiento, sino una declaración de principios sobre la autonomía estratégica y el respaldo a la industria europea de defensa.