La comunidad autónoma de Galicia ha dado un paso fundamental en la protección de la salud infantil y adolescente con la implementación de una legislación innovadora. Esta nueva normativa establece restricciones significativas sobre la venta y el consumo de vapeadores y bebidas energéticas para menores, equiparándolos a las sustancias reguladas como el tabaco y el alcohol. Este enfoque preventivo y exhaustivo busca mitigar los riesgos asociados a estas sustancias emergentes y comportamientos adictivos, promoviendo entornos más saludables para la juventud.

El gobierno regional, a través de la Xunta, ha aprobado el proyecto de ley que se convertirá en un referente a nivel nacional. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha destacado que esta medida sitúa a Galicia como pionera en la regulación de estos productos. La ley, que se espera sea ratificada por el Parlamento antes de finalizar el año, se fundamenta en la creciente preocupación por el impacto de los vapeadores y las bebidas energéticas en la población más joven.

Antonio Gómez Caamaño, responsable de Sanidad de la Xunta, ha calificado la nueva legislación como “valiente, necesaria y ambiciosa”. Su objetivo primordial es fomentar una acción coordinada de toda la sociedad para resguardar el bienestar de los jóvenes. La iniciativa legislativa ha incorporado diversas perspectivas, incluyendo aportaciones de entidades sociales, organismos públicos y la ciudadanía, garantizando un marco normativo integral y transversal que aborda tanto las adicciones con sustancias como aquellas sin sustancia, como el juego o el uso excesivo de tecnologías.

La necesidad de esta ley se ve respaldada por datos alarmantes, como los revelados por la encuesta nacional Estudes del Ministerio de Sanidad en su informe de 2023. Dicho estudio indica que un 41.5% de los menores de 14 años ya ha experimentado con vapeadores, una cifra significativamente superior al 17.2% que ha probado el tabaco a esa misma edad. Estos datos subrayan la urgencia de intervenir para proteger a los menores de los efectos nocivos de estos dispositivos.

Además de la regulación de vapeadores y bebidas energéticas, la nueva ley gallega amplía las restricciones para fumar. Se prohíbe el consumo de tabaco en un radio de 50 metros alrededor de los accesos a centros sanitarios, educativos y de la administración pública. Asimismo, para reducir la exposición al humo de segunda mano, la prohibición se extiende a las marquesinas de transporte público y a las piscinas de uso público, marcando un compromiso firme con la salud respiratoria colectiva.

En cuanto a las bebidas energéticas, Galicia sigue la estela de países europeos como Polonia y Letonia. La normativa clasifica estas bebidas como aquellas que contienen 32 miligramos o más de cafeína por cada 100 mililitros, además de otros componentes estimulantes. Se ha determinado que su consumo en menores equivale a la ingesta de múltiples cafés, lo cual es perjudicial. Se ha advertido que cantidades superiores a 60 mg de cafeína pueden perturbar el sueño en adolescentes, y a partir de 160 mg, pueden generar alteraciones psicológicas, de comportamiento e incluso trastornos cardiovasculares. Para sensibilizar a la sociedad sobre su composición, la ley exige que los establecimientos exhiban estas bebidas en una sección separada de los refrescos. Adicionalmente, se restringe la promoción de bebidas alcohólicas en locales donde se permite el consumo, prohibiendo prácticas que fomenten el consumo desmedido, y las máquinas expendedoras de alcohol solo podrán funcionar con sistemas de verificación de la mayoría de edad.

Un aspecto innovador de esta legislación es la posibilidad de conmutar las sanciones por la participación en programas preventivos o de asistencia. Esto incluye programas de abandono del tabaco, o de concienciación sobre los perjuicios del consumo de alcohol o cannabis, así como trabajos comunitarios relacionados con la infracción cometida. Esta flexibilidad busca reeducar y apoyar a los jóvenes en lugar de solo castigarlos.

El consumo de bebidas energéticas combinado con alcohol, una práctica cada vez más frecuente entre los jóvenes, aumenta exponencialmente el riesgo de coma etílico. Por ello, la normativa establece que, en caso de intoxicación por sustancias psicoactivas en menores, los servicios sanitarios requerirán la presencia de los tutores legales, ofreciéndoles asesoramiento y recursos preventivos. Si se produce un segundo incidente, se invitará al menor y al adulto responsable a participar en un programa de ayuda, reforzando el compromiso de la comunidad en la prevención de adicciones.