El proceso de transición en materia de transparencia gubernamental enfrenta ajustes significativos. Las autoridades federales han establecido un período temporal durante el cual la entrega de ciertos documentos e información relacionada con anteriores entidades, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), queda suspendida. En este contexto, los ciudadanos que buscan datos sobre pagos, contratos o el uso de recursos públicos deben confiar exclusivamente en lo ya publicado en plataformas oficiales.

Un cambio normativo reciente ha modificado las reglas para el acceso a la información pública. Según informes del medio Latinus, las nuevas disposiciones otorgan un plazo inicial de 20 días hábiles para transferir expedientes y archivos entre dependencias. Posteriormente, se añaden 30 días naturales adicionales para completar dicha reorganización interna. Este marco temporal implica que cualquier solicitud de información realizada actualmente podría demorarse hasta finales del mes de mayo.

La importancia de garantizar el acceso a la información pública es fundamental para fortalecer la democracia y fomentar la participación ciudadana. Estas pausas administrativas temporales, aunque necesarias para adaptarse a nuevos lineamientos legales, subrayan la urgencia de implementar sistemas más eficientes que garanticen transparencia constante. Además, la prórroga en la resolución de recursos interpuestos por ciudadanos refuerza la necesidad de equilibrar cambios institucionales con derechos fundamentales.