














Una reciente resolución judicial del Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid ha escalado la situación legal de Leire Díez, ex-militante del PSOE, al remitir una denuncia adicional en su contra al Juzgado de Instrucción Número 9. Esta acción se fundamenta en la identificación de “posibles infracciones penales” derivadas de grabaciones de audio. En dichas grabaciones, se sugiere que Díez habría propuesto acuerdos ilícitos para obtener información comprometida sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y miembros de la Fiscalía. La magistrada a cargo, María Isabel Durantez, ha optado por la inhibición a favor de su colega Arturo Zamarriego, quien ya había imputado a Díez en julio, priorizando así el juzgado que primero tomó conocimiento del asunto.
La decisión de unificar las distintas denuncias en el Juzgado Número 9 de Madrid responde a una regla judicial fundamental: la preferencia por el tribunal que primero inició el proceso cuando múltiples juzgados conocen de los mismos hechos. Esta medida busca centralizar la investigación y evitar duplicidades. Además de Díez, el juez Zamarriego ha convocado a comparecer como testigos al abogado Jacobo Teijelo, al empresario Javier Pérez Dolset, y al comandante Rubén Villalba, implicado en el "caso Koldo". La denuncia inicial de Iustitia Europa señalaba a Díez por posibles delitos que abarcan desde la prevaricación administrativa y el tráfico de influencias hasta el cohecho y la organización criminal, evidenciando la amplitud de las acusaciones.
Leire Díez, quien ejerció como teniente de alcalde en Vega de Pas (Cantabria) por el PSOE y tuvo un rol en campañas de redes sociales de Pedro Sánchez, además de dirigir Relaciones Institucionales para Correos, ha refutado las acusaciones. Según sus declaraciones, el contenido de los audios forma parte de una investigación periodística para un libro sobre las supuestas “cloacas del Estado”, desvinculando cualquier actuación en nombre de terceros o en su capacidad como empleada pública o cargo del PSOE. El Juzgado Número 9 admitió a trámite la denuncia de Hazte Oír por cohecho y tráfico de influencias, aunque desestimó la parte relacionada con la revelación de secretos por la ausencia de denuncia de la parte agraviada.
La denuncia detallada ante el juez reveló que Díez habría tenido encuentros en febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado de fraude, y en marzo de 2025 con el comandante Rubén Villalba. En estas reuniones, se alega que Díez ofreció acuerdos con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a Hamlyn a cambio de información sobre corrupción que implicaría a un alto mando de la UCO. Al comandante Villalba, presuntamente le ofreció protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para socavar investigaciones contra el partido socialista. Estas acusaciones han llevado al juez a citar también a los representantes legales de Hazte Oír y a periodistas que divulgaron los audios, para que rindan declaración como testigos en el transcurso de la investigación.








