Este viernes 28 de marzo, en la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, las autoridades chilenas se reunirán con representantes clave de este organismo judicial. Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y Ángel Valencia, fiscal nacional del país sudamericano, expondrán detalles relevantes sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Este crimen, ocurrido en febrero de 2024 en territorio chileno, podría estar vinculado a una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014. Las investigaciones sugieren que el caso tiene motivaciones políticas, lo que amplifica su relevancia para las pesquisas internacionales.
El contexto histórico detrás de esta reunión es crucial. El gobierno chileno ha mantenido un fuerte compromiso con la CPI desde 2018, cuando junto a otros países presentó una solicitud formal para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En ese marco, la visita a La Haya busca fortalecer dichas investigaciones al proporcionar pruebas adicionales relacionadas con el caso Ojeda. Van Klaveren explicó que estas pruebas respaldan la hipótesis de un vínculo político entre el crimen y actores externos involucrados en tensiones regionales.
El secuestro y asesinato de Ojeda han generado gran impacto tanto dentro como fuera de Chile. Suceso ocurrido el 21 de febrero de 2024, marcó un hito en la percepción pública sobre la seguridad de refugiados políticos en América Latina. Aunque ya hay detenciones y procesos de extradición en curso, muchos aspectos permanecen sin resolver, especialmente sobre los posibles autores intelectuales del crimen.
En el ámbito internacional, la posición chilena ante la CPI no solo se centra en Venezuela. Durante esta visita, también se abordarán otras remisiones presentadas por el país austrino, incluyendo casos relacionados con Ucrania, Palestina y Afganistán. Estas iniciativas reflejan un compromiso global hacia la justicia penal internacional y destacan la preocupación de Chile por la falta de cooperación efectiva de algunos Estados miembros.
La diplomacia chilena demuestra así un claro enfoque estratégico en temas de derechos humanos y justicia transnacional. Al conectar el caso Ojeda con las investigaciones de la CPI, Chile reafirma su papel como defensor activo de la soberanía y la legalidad internacional. Este evento marca un paso importante hacia la búsqueda de verdad y justicia, no solo para las víctimas directas, sino también para todas aquellas afectadas por crímenes de lesa humanidad en diferentes contextos geográficos.