Un reciente proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Centurión ha generado controversia dentro del ámbito político paraguayo. Este proyecto busca modificar el artículo 15 de la Ley n.° 6534/20, relacionada con el uso de información crediticia. Según algunos legisladores, como Rodrigo Gamarra, esta iniciativa tiene tintes populistas y podría afectar negativamente las finanzas municipales al limitar la capacidad de recaudación de impuestos. En particular, se argumenta que esta medida pretende obstaculizar los esfuerzos del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.
El contexto de este debate surge en medio del período preelectoral para las Municipales 2026. El diputado Rodrigo Gamarra señaló que el proyecto presentado por Centurión parece estar diseñado para socavar la imagen política de su oponente electoral. La propuesta plantea nuevas restricciones sobre cómo las municipalidades pueden manejar y divulgar información financiera de contribuyentes morosos. Aunque formalmente busca proteger datos personales y crediticios, críticos afirman que su verdadero propósito es evitar que la Municipalidad de Asunción reporte a estos ciudadanos a entidades financieras como Informconf.
Gamarra explicó que esta estrategia podría dificultar significativamente la recaudación de impuestos necesarios para financiar proyectos públicos. Además, mencionó que esta iniciativa ya ha sido etiquetada dentro del Congreso como la "ley anti-Nenecho", reflejando su carácter adversarial hacia el actual jefe comunal de Asunción. Para muchos, esta ley representa una herramienta política destinada a debilitar a un rival político clave durante un momento crucial del calendario electoral.
No obstante, no todo indica que esta propuesta será aprobada sin resistencia. Durante la sesión ordinaria prevista para el martes 6 de mayo, es probable que la bancada de Honor Colorado vote en contra del proyecto. Esto sugiere que existe una sólida oposición al interior del Congreso, lo cual podría llevar a su eventual rechazo. Los motivos expuestos también destacan preocupaciones legítimas sobre prácticas abusivas en algunas municipalidades que publican listas de contribuyentes en mora, vulnerando derechos fundamentales como la privacidad.
A pesar de la intención declarada de proteger la privacidad de los ciudadanos, el proyecto de ley sigue siendo visto con escepticismo por parte de varios sectores políticos. Su posible impacto en las finanzas municipales y su percepción como una maniobra electoral podrían determinar su destino final en el legislativo. Mientras tanto, la discusión sigue abierta, dejando espacio para futuras negociaciones y ajustes antes de cualquier decisión definitiva.