Un exlíder empresarial de Baja California Sur, Fabricio González Rodríguez, ha presentado una propuesta legislativa al Congreso local con el objetivo de establecer una nueva entidad encargada del acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta iniciativa surge tras la eliminación de órganos autónomos a nivel nacional, lo que ha generado preocupación sobre cómo se garantizarán estos derechos fundamentales. La propuesta busca adaptar la legislación estatal a las reformas federales recientes, asegurando un sistema eficiente y autónomo.

En respuesta a los cambios ocurridos en el ámbito federal, donde ciertas instituciones clave han sido disueltas, González Rodríguez aboga por la creación de una Procuraduría especializada. Según él, esta entidad sería independiente del poder ejecutivo estatal y tendría como misión principal proteger la privacidad de los ciudadanos y facilitar el acceso transparente a la información gubernamental. Este paso es crucial debido a la tendencia actual de transferir estas responsabilidades a la Contraloría estatal, una medida que podría comprometer la neutralidad y efectividad del proceso.

González explicó que existe un plazo legal de 180 días para que las entidades federativas ajusten sus constituciones según los cambios nacionales. Sin embargo, hasta ahora, el Congreso de Baja California Sur no ha avanzado en este tema. Su iniciativa ciudadana pretende llenar ese vacío mediante una estructura sólida que aproveche la experiencia acumulada por profesionales que anteriormente trabajaban en organismos similares. "No es deseable que la misma dependencia que entrega información también sea la encargada de sancionarse a sí misma", destacó durante su intervención.

Además, resaltó la importancia de mantener una división clara entre funciones administrativas y regulatorias. Para ilustrar esto, mencionó un posible escenario en el que un ciudadano solicite información o presente una queja relacionada con la protección de datos. En un sistema donde la Contraloría asume ambas responsabilidades, podría darse una colisión de intereses que debilitaría la confianza pública.

Finalmente, González Rodríguez subrayó que no ha buscado directamente el apoyo de los legisladores locales, ya que considera que una iniciativa ciudadana debe surgir orgánicamente desde la sociedad civil. No obstante, después de formalizar su propuesta ante el Congreso, planea dialogar con las comisiones relevantes para promover el análisis y aprobación de su proyecto.

Esta iniciativa representa un paso importante hacia la consolidación de mecanismos democráticos que garanticen tanto la transparencia gubernamental como la protección de los derechos individuales en Baja California Sur. Al proponer una solución alternativa a la integración dentro de la Contraloría, González Rodríguez busca preservar la integridad y autonomía necesarias para cumplir con estos objetivos vitales.