El avance del comercio electrónico ha generado un aumento en las quejas de los consumidores debido a la falta de información detallada sobre los productos adquiridos en línea. Una nueva propuesta legislativa busca resolver este problema estableciendo requisitos claros sobre qué datos deben ofrecerse en plataformas digitales, equiparándolos a los presentes en el embalaje físico. La iniciativa también promueve medidas de accesibilidad y transparencia.

Esta ley proyecta garantizar que toda la información relevante esté disponible antes de confirmar una compra, con especial atención a productos perecederos y a usuarios con discapacidades. Además, contempla plazos y mecanismos de cumplimiento junto con sanciones por incumplimientos.

Requisitos Claros para Descripciones Digitales

La propuesta legislativa establece normativas precisas para asegurar que los detalles de los productos disponibles en entornos virtuales sean tan completos como los mostrados en sus empaques físicos. Esto incluye elementos esenciales como composición, origen y advertencias pertinentes.

En detalle, la iniciativa requiere que cada producto ofertado digitalmente incluya su composición exacta, origen, características clave, advertencias importantes, instrucciones de uso y fecha de vencimiento. Para productos próximos a caducar, se exige una notificación clara y destacada antes de finalizar cualquier transacción. Este enfoque busca reducir devoluciones innecesarias, mitigar riesgos sanitarios y fomentar la confianza en las compras electrónicas. Las empresas tendrán 180 días tras la publicación oficial para adaptarse a estas nuevas exigencias.

Promoviendo Accesibilidad y Transparencia

Además de establecer estándares rigurosos para la descripción de productos, la propuesta enfatiza la importancia de hacer que esta información sea accesible para todos los usuarios, incluidas personas con discapacidades.

Para lograrlo, se recomienda que los datos sean presentados mediante textos comprensibles, imágenes nítidas o enlaces directos, siempre garantizando facilidad de acceso. Esta medida no solo refuerza la inclusión social sino que también eleva los niveles de transparencia en las transacciones electrónicas. El proyecto delega responsabilidades al Poder Ejecutivo para supervisar el cumplimiento, imponer multas cuando sea necesario y lanzar campañas informativas. Además, invita a los municipios a participar activamente en la fiscalización, creando así un sistema integral de control y apoyo.