El panorama de la transparencia gubernamental en México enfrenta una transformación significativa tras la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este órgano, reconocido por su independencia y robustez jurídica durante dos décadas, ha sido sustituido por una estructura que genera preocupación debido a su falta de autonomía. La justificación oficial apunta a un enfoque de austeridad presupuestaria, argumentando que las funciones del INAI podrían ser asumidas por el gobierno federal sin necesidad de mantener un organismo independiente.

La nueva configuración institucional plantea múltiples retos para el acceso a la información pública. En primer lugar, se observa una atomización de las responsabilidades previamente centralizadas en el INAI. Ahora, estas funciones han sido distribuidas entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y un nuevo órgano dependiente del Ejecutivo denominado "Transparencia para el pueblo". Esta reorganización no solo compromete la independencia requerida para garantizar la transparencia efectiva, sino que también contradice estándares internacionales como los establecidos por la Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información pública 2.0 y el Acuerdo de Escazú, que promueven la existencia de un órgano autónomo especializado.

Además, las reformas secundarias introducen cambios que afectan directamente la participación ciudadana y la gestión de la información pública. Se elimina la colegialidad en la toma de decisiones, reemplazándola por un sistema unipersonal designado directamente por el ejecutivo. También se reducen las facultades constitucionales del órgano garante y se limita el acceso a plataformas digitales clave, como la Plataforma Nacional de Transparencia, que históricamente facilitó millones de solicitudes de información. Estas modificaciones incrementan la burocracia y dificultan el ejercicio del derecho a saber, especialmente para grupos vulnerables o aquellos con menos recursos legales.

La situación actual pone en evidencia la importancia de mecanismos autónomos e independientes para preservar derechos fundamentales. La transparencia es un pilar esencial de cualquier democracia sana, ya que permite a los ciudadanos ejercer control sobre sus gobiernos y fomenta la confianza pública. Por ello, es crucial que las autoridades reconsideren este cambio institucional y promuevan un modelo que respete los principios de máxima publicidad y rendición de cuentas. Solo así se podrá construir un sistema verdaderamente inclusivo y participativo que beneficie a toda la sociedad mexicana.