Más de 36 organizaciones civiles, periodistas y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por la reciente modificación de las leyes secundarias relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Estas reformas han sido criticadas por debilitar el sistema institucional que durante más de dos décadas ha garantizado estos derechos fundamentales. Una de las principales inquietudes radica en el aumento de justificaciones para clasificar información como reservada, lo que podría limitar aún más el acceso ciudadano a datos relevantes. Además, se cuestiona la falta de consultas públicas durante el proceso legislativo.

Otro aspecto destacado es la transferencia de funciones del Instituto Nacional de Transparencia al Poder Ejecutivo federal, lo que compromete los contrapesos democráticos. Este cambio genera incertidumbre sobre la conservación y accesibilidad a largo plazo de información histórica clave. En respuesta, las organizaciones civiles han prometido monitorear los efectos de esta reforma y defender el derecho fundamental al acceso a la información.

Impacto en el Sistema de Transparencia Institucional

El cambio normativo representa un desafío significativo para el sistema de transparencia en México. Con la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, se concentra el poder en manos del gobierno central, afectando el equilibrio de poderes y disminuyendo la capacidad de supervisión ciudadana. Este traslado de responsabilidades pone en duda la imparcialidad en el manejo de la información pública.

El sistema anterior había sido reconocido internacionalmente por su solidez y eficacia. Sin embargo, con la nueva legislación, se observa una tendencia hacia la opacidad institucional. La ausencia de mecanismos participativos durante la elaboración de estas leyes refuerza las críticas sobre su legitimidad. Expertos señalan que la concentración excesiva de autoridad en el ejecutivo federal socava principios fundamentales de rendición de cuentas y gobernanza abierta. Este panorama genera serias preocupaciones sobre la capacidad del nuevo marco legal para proteger adecuadamente los derechos ciudadanos.

Riesgos para el Acceso a Datos Públicos

La expansión de causales para reservar información plantea serios riesgos para el acceso a datos estratégicos. Esta medida contradice el principio constitucional de máxima publicidad y amenaza con ocultar información crítica sobre proyectos nacionales e iniciativas gubernamentales. Organizaciones civiles advierten que este cambio puede impedir el ejercicio pleno del derecho a saber.

Adicionalmente, existe incertidumbre respecto a la continuidad de plataformas digitales fundamentales para el acceso a la información. La falta de directrices claras sobre la conservación de registros históricos genera temor sobre la pérdida irreversible de datos valiosos. Este vacío normativo pone en peligro el derecho de futuras generaciones a acceder a información relevante para la toma de decisiones informadas. Las organizaciones civiles mantienen una postura vigilante, comprometiéndose a documentar los efectos de esta reforma y promover ajustes necesarios para preservar estándares internacionales de transparencia y protección de datos personales.