En respuesta a la grave situación humanitaria que enfrenta el Catatumbo, la Corte Constitucional ha emitido una solicitud formal para obtener información y evidencia relacionada con las acciones emprendidas por el gobierno nacional y otras autoridades competentes. Esta medida busca proteger tanto a los desplazados forzosos como a los firmantes del Acuerdo de Paz. Mediante el Auto 244 de 2025, se solicita un informe detallado sobre las estrategias implementadas para acelerar procesos legales y garantizar la coordinación entre instituciones, así como promover soluciones efectivas frente a la crisis actual.
La solicitud surge tras un período crítico marcado por el desplazamiento masivo de más de 60 mil personas en tan solo 75 días, junto con confinamientos involuntarios afectando a 23 mil individuos. Además, se han registrado 94 asesinatos, la evacuación preventiva de 625 firmantes del Acuerdo de Paz y la liberación de 27 menores de grupos armados ilegales. Este contexto llevó a la Corte a reiterar su preocupación ante la falta de avances significativos en la implementación de rutas integrales de atención para las víctimas de confinamientos.
El alto tribunal destacó específicamente la necesidad de contar con datos claros sobre el estado de cumplimiento del Auto 811 de 2021, que ordenaba al gobierno diseñar una estrategia integral para atender a estas comunidades vulnerables. A pesar de múltiples advertencias y disposiciones judiciales, persisten actos de violencia contra quienes apoyaron o participaron en el proceso de paz. Este panorama refleja una urgente necesidad de medidas más robustas y efectivas.
Las magistradas y magistrados responsables de las Salas Especiales de Seguimiento enfatizaron la importancia de adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad en las antiguas zonas de reincorporación. Estas áreas continúan siendo blanco de riesgos crecientes que amenazan tanto a excombatientes como a civiles inocentes. La integración de ambas salas especializadas demuestra un esfuerzo conjunto por abordar esta problemática desde diferentes ángulos legales y sociales.
La respuesta gubernamental será clave para mitigar los efectos devastadores de esta crisis humanitaria. Los requerimientos de la Corte buscan no solo evaluar el grado de cumplimiento de órdenes previamente emitidas, sino también identificar nuevas estrategias que puedan fortalecer la protección de derechos fundamentales en una región donde la violencia sigue siendo una constante. Este llamado marca un paso crucial hacia la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas para todas las partes afectadas.