El Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta a Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, anulando la inhabilitación para cargo público que le fue dictada en 2022. Los jueces consideraron que los hechos no constituyen delito de prevaricación y que la administración estaba obligada a pagar las obras ya realizadas. Esta decisión evita que Louzán tenga que abandonar su puesto y evita nuevas elecciones en la federación.

El Alto Tribunal Reconsidera el Caso

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido un fallo unánime que absuelve a Rafael Louzán de la acusación de prevaricación. Este veredicto revoca la sentencia anterior que le imponía siete años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Según el tribunal, las acciones de Louzán cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra no cumplían con los requisitos necesarios para ser consideradas como prevaricación.

Los magistrados explicaron que para que existiera un delito de prevaricación, se requeriría una resolución arbitraria que produjera un resultado materialmente injusto. En este caso, la administración estaba obligada legalmente a abonar las obras ya ejecutadas, lo cual no constituía un acto injusto. Además, se destacó que las modificaciones al proyecto estaban ya terminadas cuando Louzán tomó conocimiento de ellas, por lo que ordenar su demolición hubiera sido tanto innecesario como costoso para la administración.

Implicaciones Legales y Deportivas

La decisión del Supremo tiene importantes implicaciones tanto para Louzán como para la Federación Española de Fútbol. Si la condena hubiera sido ratificada, Louzán habría tenido que dimitir de su cargo según la Ley del Deporte y los Estatutos de la Federación. Sin embargo, esta resolución permite que continúe en su posición sin interrupción.

La Ministra de Deportes, Pilar Alegría, había indicado previamente que si la condena se mantenía, se deberían convocar nuevas elecciones en la federación. Ahora, esa posibilidad se descarta, evitando así una crisis institucional. La sentencia también deja abierta la posibilidad de investigar responsabilidades administrativas o contables relacionadas con el procedimiento de pago, pero esto no afectaría la posición actual de Louzán. La decisión del tribunal garantiza la continuidad en la gestión deportiva y evita un cambio abrupto en el liderazgo de la federación.