En un hito significativo para los procedimientos administrativos y fiscales, una reciente decisión judicial ha modificado las reglas del Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) implementado por la Dian. Este sistema, regulado por el Decreto 1165 de 2019, clasifica a los usuarios según su historial fiscal y otros factores relevantes, asignándoles niveles de riesgo bajo, medio o alto. Sin embargo, esta metodología había sido criticada por carecer de transparencia, ya que no se ofrecía información detallada sobre los motivos detrás de cada clasificación. En respuesta a estas preocupaciones, el Consejo de Estado emitió un fallo en marzo de 2025 que establece un nuevo equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a los fundamentos de sus calificaciones sin comprometer la eficacia del sistema.
Hasta ahora, el SGR operaba como un mecanismo discrecional, identificando comportamientos atípicos y evaluando posibles incumlicimientos en trámites tributarios, aduaneros y cambiarios. Aunque este sistema buscaba prevenir fraudes y garantizar cumplimiento normativo, muchos usuarios consideraban injusta su falta de transparencia. La controversia llegó al Consejo de Estado mediante una acción interpuesta por Andrea Ospina García y Pedro Enrique Sarmiento Pérez, quienes argumentaron que dicha opacidad violaba su derecho al debido proceso y defensa. El tribunal reconoció que, aunque los criterios internos del sistema deben mantenerse confidenciales, es indispensable informar a los afectados sobre su nivel de riesgo asignado.
El fallo estableció que los contribuyentes tienen derecho a conocer no solo su calificación, sino también las razones específicas que sustentan esa decisión. Esto no significa revelar métodos internos o bases de datos sensibles, sino proporcionar suficiente contexto para permitir la contradicción adecuada. Según el tribunal, este enfoque protege tanto los principios generales del debido proceso como las normas específicas relacionadas con el habeas data. Además, destacó que esta medida debe extenderse a otras áreas donde el Estado maneja información sensible que puede impactar a personas particulares, como en investigaciones antimonopolio llevadas a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Este pronunciamiento representa un avance importante hacia una mayor transparencia gubernamental. No solo mejora las prácticas del SGR, sino que también establece precedentes clave para otros sistemas similares. Al garantizar que los ciudadanos puedan cuestionar y entender mejor sus clasificaciones, se fortalece la confianza pública en las instituciones. Así, el fallo demuestra que es posible conciliar la necesidad de protección estatal con los derechos fundamentales de las personas, promoviendo un marco legal más justo y equilibrado.