El debate sobre la inscripción de jugadores clave del FC Barcelona ha tomado un nuevo rumbo debido a discrepancias en la contabilidad de una operación relacionada con asientos VIP del Spotify Camp Nou. LaLiga ha anunciado que, tras analizar los informes financieros presentados por el club, considera que dicha transacción no se refleja adecuadamente en las cuentas auditadas más recientes. Como resultado, el organismo decidió reducir el límite salarial del equipo catalán y rechazar la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Además, llama la atención la presencia de tres auditores diferentes en un corto período de tiempo, lo que genera dudas sobre la consistencia de los procedimientos financieros. En respuesta, LaLiga ha decidido denunciar formalmente al auditor responsable ante el ICAC.
En este contexto, surge una preocupación creciente sobre la transparencia y precisión de las prácticas contables del FC Barcelona. El Consejo Superior de Deportes (CSD) aún no ha emitido una resolución oficial, pero su intervención podría ser crucial para resolver esta disputa financiera que afecta tanto al club como a la integridad de la competición.
LaLiga ha cuestionado la validez de la auditoría presentada por el FC Barcelona debido a inconsistencias significativas entre los certificados entregados por distintos auditores. Según el organismo, el acuerdo vinculado a los asientos VIP del estadio no se ajusta a las normas establecidas, lo que ha llevado a una revisión del fair play financiero del club.
El conflicto se centra en la manera en que el ingreso por la venta de derechos VIP fue registrado en las cuentas del club. Un primer certificado, emitido por un auditor nombrado en diciembre de 2024, reconocía dicho ingreso como válido para la temporada actual. Sin embargo, posteriormente, otro informe elaborado por una firma distinta contradecía esta afirmación. Esto generó incertidumbre sobre si la operación debía considerarse como parte de las ganancias actuales o diferida para futuros ejercicios. Ante tal confusión, LaLiga optó por disminuir el límite salarial del Barça y negar la inscripción de nuevos fichajes hasta que se esclarezca la situación legalmente.
Ante la falta de claridad en las cuentas del FC Barcelona, LaLiga solicitó la intervención del Consejo Superior de Deportes (CSD). Este órgano tiene la responsabilidad de evaluar la documentación proporcionada y determinar si existe alguna infracción grave en las prácticas financieras del club. Hasta ahora, las peticiones enviadas por LaLiga han permanecido sin respuesta definitiva.
El caso adquiere relevancia porque implica no solo al FC Barcelona, sino también a entidades externas como los auditores involucrados. Si el CSD valida las acusaciones de LaLiga, podría desencadenar sanciones adicionales contra el club, incluyendo restricciones en futuras contrataciones o incluso multas económicas. Por otro lado, si el tribunal autónomo absolviere al Barça, esto marcaría un precedente importante en cómo se manejan las transacciones corporativas dentro del fútbol profesional español. Mientras tanto, el impacto en los jugadores afectados sigue siendo incierto, ya que su participación en competiciones oficiales queda en suspenso mientras dure el proceso judicial.