En una reciente decisión, el Consejo de Estado aclaró que no es obligatorio mantener todas las sesiones del consejo de ministros bajo reserva. Este veredicto se dio tras analizar una acción de cumplimiento relacionada con la transmisión pública de una reunión celebrada el 4 de febrero de 2025. El tribunal destacó que la confidencialidad solo aplica cuando se discuten temas protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, subrayó que el presidente tiene autoridad para establecer las reglas sobre el carácter reservado o público de dichas sesiones.

Análisis Profundo: El Papel del Presidente y el Consejo de Ministros

En un contexto político marcado por la necesidad de equilibrar transparencia y confidencialidad, el Consejo de Estado examinó detenidamente el artículo 9 de la Ley 63 de 1923. Esta normativa, interpretada durante décadas como un mandato absoluto para mantener privadas las reuniones del consejo de ministros, fue reinterpretada por el tribunal. En la ciudad capital, en medio de un análisis jurídico exhaustivo, los magistrados concluyeron que la reserva no es una regla general aplicable en todos los casos.

La sentencia reveló que la reserva entra en vigor únicamente cuando el consejo actúa como órgano consultivo y aborda información clasificada según la Ley 1712 de 2014. Asimismo, destacó que el presidente posee amplias facultades para determinar si una sesión debe ser pública o privada, incluyendo la posibilidad de divulgar ciertos aspectos conforme al interés público.

No obstante, el fallo también advirtió que estas decisiones deben ajustarse a la ley y que cualquier divulgación indebida podría generar responsabilidades disciplinarias, penales o civiles. La acción de cumplimiento planteada por un ciudadano puso en evidencia esta tensión entre transparencia y secreto gubernamental.

Desde una perspectiva periodística, este caso resalta la importancia de encontrar un balance adecuado entre la necesidad de protección de información sensible y el derecho ciudadano a conocer cómo se toman las decisiones políticas clave. La decisión del Consejo de Estado abre nuevas vías para garantizar mayor claridad y rendición de cuentas sin comprometer la seguridad nacional ni otros intereses legítimos del Estado.