La reciente decisión legislativa ha dejado huella en una de las principales compañías dedicadas a la producción de merluza congelada, fresca y procesada en Chile. Esta medida no solo afecta a Pacific Blu, sino también al tejido social y económico del país.
Desde su creación en 2017, Pacific Blu se consolidó como líder en la producción de merluza, empleando directamente a más de 800 personas y generando miles de puestos indirectos. Sin embargo, la reducción de cuotas impuesta por el Congreso ha puesto en jaque la viabilidad operativa de la empresa.
La actividad de pesca industrial requiere infraestructura robusta, tecnología avanzada y flotas capaces de operar incluso en condiciones climáticas adversas. Para mantener el abastecimiento continuo de las plantas de procesamiento, es crucial contar con barcos industriales adecuadamente dimensionados y suficientemente numerosos. Antes de la reforma, con un fraccionamiento del 60%, Pacific Blu lograba sostener operaciones durante prácticamente todo el año. Ahora, con una cuota reducida al 48%, esta sostenibilidad queda truncada.
Uno de los puntos más controversiales en este proceso fue la presentación de datos erróneos por parte del subsecretario Salas. Según Marcel Moenne, gerente general de Pacific Blu, estas cifras indujeron a error a los legisladores, quienes basaron sus decisiones en información imprecisa.
En particular, se destacó la discrepancia entre el porcentaje real de capturas realizadas por el sector industrial (93%) y las cifras proporcionadas oficialmente (61%). Este desfase llevó a la conclusión errónea de que existía margen suficiente para redistribuir cuotas sin afectar significativamente a las empresas industriales. La consecuencia directa de esta falta de claridad fue una legislación que compromete la supervivencia de una industria clave para la economía nacional.
Los intentos de diálogo entre Pacific Blu y las autoridades gubernamentales parecen haber quedado en vano. En reuniones previas a la tramitación final de la ley, representantes de la empresa expusieron claramente su postura frente a la propuesta inicial de reducir las cuotas al 57%. Aunque esta cifra ya representaba un reto importante, la compañía estaba dispuesta a aceptarla con la esperanza de continuar operando.
No obstante, la actitud indiferente mostrada por el subsecretario Salas dejó pocas opciones sobre la mesa. Su convicción de que no existían votos suficientes para evitar una mayor reducción de cuotas resultó en la propuesta final que establece un fraccionamiento del 48% para el sector artesanal, dejando a Pacific Blu en una posición insostenible.
El anuncio del cierre de operaciones programado para enero de 2026 tiene repercusiones económicas y sociales profundas. Miles de trabajadores directos e indirectos verán su futuro laboral comprometido, mientras que la cadena de suministro relacionada con la industria pesquera sufrirá importantes interrupciones.
Además, esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para gestionar recursos naturales de manera equitativa y sostenible. Si bien la intención detrás de la redistribución de cuotas puede ser noble, su ejecución debe considerar tanto las necesidades de los pescadores artesanales como la viabilidad de las empresas industriales que contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) del país.