La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí enfrenta un llamado público por parte de Artículo 19, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Este organismo ha destacado la necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas no solo mediante canales oficiales, sino también a través de plataformas proactivas que faciliten el acceso equitativo a la información pública. El contexto se complica tras cambios recientes en las estrategias comunicativas de la institución.
Desde principios de abril, con la incorporación de Fernando Garduza como vocero de la Fiscalía estatal, se eliminó un grupo de difusión en WhatsApp que servía como canal directo entre la institución y diversos medios de comunicación. Esta acción generó preocupación al excluirla a algunos periodistas y medios independientes del nuevo espacio creado posteriormente. Según denuncias recopiladas por Artículo 19, al menos ocho entidades periodísticas reportaron su exclusión desde la creación del nuevo grupo.
Este panorama plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas de comunicación gubernamental en cuanto a su capacidad para incluir a todos los actores informativos sin discriminación. Aunque no existe una normativa específica que obligue a mantener grupos en aplicaciones como WhatsApp, sí persiste la responsabilidad de proporcionar información relevante conforme a los marcos legales vigentes tanto a nivel local como federal.
Es crucial que las instituciones públicas adopten prácticas inclusivas que garanticen el acceso igualitario a la información, especialmente en temas sensibles relacionados con justicia y seguridad. La transparencia no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que también cumple un papel vital en la construcción de sociedades democráticas e informadas.
En este sentido, Artículo 19 enfatiza la importancia de que las autoridades revisen sus mecanismos de comunicación, asegurando que estos reflejen compromisos con la apertura y el diálogo abierto. Solo así será posible avanzar hacia modelos más participativos y respetuosos con los derechos fundamentales de acceso a la información.