Un memorando de entendimiento firmado recientemente entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha generado polémica al permitir el uso de información fiscal para propósitos migratorios. Este acuerdo, que representa un cambio significativo en la forma en que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) maneja sus registros regulados, busca facilitar la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Aunque aún no se ha compartido ninguna información entre las agencias, expertos en derecho fiscal han expresado preocupaciones sobre posibles violaciones a leyes de privacidad establecidas.
El documento, revisado por Associated Press, señala que la colaboración entre el IRS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permite verificar los datos personales de inmigrantes ilegales mediante registros fiscales. Según fuentes del gobierno, este esfuerzo responde a autoridades otorgadas por el Congreso hace décadas, con el objetivo de proteger a ciudadanos legales mientras fortalece la persecución penal contra infractores. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles argumentan que tal intercambio pone en riesgo la privacidad de todos los estadounidenses.
Esta medida fue impulsada por la Secretaria del DHS, Kristi Noem, quien solicitó al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en febrero pasado, utilizar recursos adicionales del IRS para abordar cuestiones relacionadas con la inmigración. La solicitud se basa en una financiación reciente destinada a la agencia fiscal, aunque algunos críticos consideran que estos fondos deberían emplearse exclusivamente para fines impositivos.
Expertos en derecho tributario de la Universidad de Nueva York advierten que este acuerdo podría vulnerar derechos garantizados bajo normativas existentes que restringen la divulgación indebida de información fiscal. En particular, destacan la dificultad de reconciliar esta práctica con estatutos vigentes sobre privacidad de contribuyentes. Además, funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones penales o civiles si actúan en desacuerdo con dichas leyes.
A pesar de estas preocupaciones, el memorando recalca que ambas partes trabajarán juntas para asegurar que todas las actividades sean consistentes con marcos legales y buenas prácticas administrativas. También promete priorizar el derecho a la intimidad de los individuos afectados durante todo el proceso. Este desarrollo marca un punto de inflexión en la relación entre agencias gubernamentales y plantea importantes preguntas sobre equilibrio entre seguridad nacional y protección de datos sensibles.
La implementación de este acuerdo tiene implicaciones profundas tanto para comunidades migrantes como para la población general de EE.UU., ya que redefine cómo se gestionan y utilizan los datos fiscales en contextos de aplicación de la ley. Mientras el gobierno justifica su necesidad para cumplir objetivos de política migratoria, voces disidentes subrayan la importancia de preservar la confianza pública en instituciones clave como el IRS.