La Contraloría General de Colombia enfrentó serios desafíos al intentar auditar proyectos por $2,4 billones del Departamento de Prosperidad Social (DPS). La entidad no proporcionó la información necesaria, lo que impidió revisar adecuadamente el uso de los recursos. Aunque se logró analizar contratos por $58.000 millones, se detectaron anomalías en casi $13.000 millones. Este informe destaca problemas sistémicos relacionados con la gestión documental y administrativa, así como la importancia de una fiscalización efectiva.

Detalles de la Controversia sobre la Auditoría Fallida

En medio de un complejo escenario burocrático, la Contraloría General reveló que solo pudo evaluar una pequeña fracción de los fondos asignados a proyectos sociales del DPS entre 2020 y mediados de 2024. De los $2,5 billones inicialmente seleccionados para auditoría, apenas se accedió a documentos correspondientes a $500.000 millones. De esta cifra, únicamente $58.000 millones fueron auditables, encontrándose hallazgos preocupantes por cerca de $13.000 millones.

El problema radica en la incapacidad del DPS para suministrar la documentación requerida. Según explicaciones oficiales, la información estaba fragmentada en múltiples plataformas tecnológicas, con deficiencias significativas en soportes de pago y registros históricos. Esta situación, especialmente crítica en convenios anteriores al año 2020, evidencia debilidades estructurales en la gestión documental y administrativa.

El programa en cuestión busca fortalecer la infraestructura social y promover la paz a nivel nacional. Sin embargo, las dificultades técnicas y documentales han generado preocupación sobre la transparencia y el control fiscal. El director actual del DPS solicitó la auditoría tras identificar más de 100 proyectos inconclusos en todo el territorio colombiano, demostrando una voluntad institucional hacia la rendición de cuentas.

En respuesta a estas limitaciones, la Contraloría emitió una alerta oficial en febrero de 2025 y prorrogó el proceso hasta marzo. Finalmente, tuvo que publicar un informe sin pronunciamiento definitivo debido a la insuficiencia de datos. Esto subraya la necesidad urgente de mejorar sistemas de información y garantizar el acceso oportuno a la documentación requerida.

Prosperidad Social ha comunicado formalmente tanto a la Fiscalía General como a la Procuraduría sobre la situación, abriendo paso a investigaciones adicionales que puedan esclarecer posibles irregularidades.

Desde una perspectiva periodística, este caso ilustra cómo la falta de transparencia y sistemas eficientes puede obstaculizar severamente el ejercicio de control fiscal. Es fundamental que todas las entidades públicas adopten medidas concretas para garantizar la trazabilidad de recursos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Este incidente debe servir como llamado de atención para implementar reformas que aseguren mayor claridad y responsabilidad en la administración pública.