En un paso significativo hacia la mejora del sistema catastral y tributario de Entre Ríos, la Administradora Tributaria (ATER) y el Colegio de Ingenieros Civiles han establecido una colaboración interinstitucional. Este acuerdo permite el acceso a herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la precisión en los datos catastrales y fortalecer las capacidades técnicas de ambas entidades, todo ello bajo estrictos estándares de protección de información personal.

Nueva Era de Colaboración Institucional

En un día soleado de esta temporada, se llevó a cabo en la sede central de ATER un acto simbólico que marcó el inicio de una nueva etapa de cooperación entre dos instituciones clave de la provincia de Entre Ríos. El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, junto con Juan Agustín Lescano Salinas, presidente del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil, oficializaron este convenio estratégico.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es el acceso que tendrán los ingenieros civiles certificados al Visor Gráfico Parcelario Digital, una innovadora plataforma desarrollada por ATER. Esta herramienta permitirá realizar consultas detalladas sobre propiedades inmobiliarias, facilitando análisis técnicos más exactos. Además, el convenio contempla la participación activa de los ingenieros civiles en la optimización de procedimientos relacionados con la gestión catastral, incorporando sus conocimientos especializados en terreno.

El compromiso mutuo incluye también la implementación de rigurosos protocolos de confidencialidad y protección de datos personales, ajustándose a las normativas vigentes. Se designarán responsables técnicos autorizados para garantizar un flujo digital seguro y eficiente de información entre ambas partes.

Desde una perspectiva periodística, este tipo de iniciativas representa un avance significativo hacia la modernización de los sistemas administrativos públicos. Al integrar tecnología y conocimiento profesional, se promueve una mayor transparencia y eficiencia en la gestión catastral, lo cual no solo beneficia a las instituciones involucradas sino también a la comunidad en general. Este caso ejemplifica cómo la colaboración entre organismos públicos y profesionales puede conducir a soluciones innovadoras y sostenibles para el desarrollo regional.