El análisis realizado por Guardianes de la Sierra de San Miguelito revela errores significativos y omisiones graves en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado para un proyecto en el ejido Corcovada. Estas inconsistencias parecen intencionadas, levantando sospechas sobre posibles intereses ocultos relacionados con casi 500 hectáreas de tierras comunitarias. Desde errores conceptuales hasta información desactualizada o irrelevante, el documento muestra una redacción deficiente que podría ser parte de una estrategia deliberada.
Entre los problemas identificados figuran discrepancias en la clasificación del uso del suelo, referencias equivocadas a normativas estatales inexistentes y copias incorrectas de datos geográficos pertenecientes a otras regiones. Estos fallos no solo comprometen la validez técnica del estudio, sino que también cuestionan la legitimidad del proceso ambiental en sí mismo. A continuación, se exploran en detalle estas anomalías y sus implicaciones.
Uno de los aspectos más problemáticos del MIA reside en las contradicciones técnicas presentes en varios apartados fundamentales. Por ejemplo, mientras en un punto se menciona que la zona no está destinada a actividades agrícolas ni forestales, posteriormente se describe como pastizal natural. Además, se hace referencia a normativas obsoletas y se omiten legislaciones vigentes clave para este tipo de proyectos. Estas fallas evidencian falta de rigor técnico o incluso mala fe en la elaboración del informe.
En términos más específicos, uno de los errores más llamativos es la utilización de la Norma Técnica Ecológica derogada NTE-SLP.BMP-002/98, cuando debería aplicarse la normativa actualizada publicada en 2002. Este descuido no solo genera confusión sobre los parámetros de explotación correctos, sino que también pone en duda la capacidad de quienes redactaron el documento. Asimismo, se detectaron inconsistencias en la descripción del uso del suelo: en algunos puntos se indica que es agostadero, mientras que en otros se lo cataloga como bosque de encino. Tales discrepancias sugieren un manejo superficial de los datos o una intención deliberada de crear ambigüedad.
Otro grupo de irregularidades proviene de errores geográficos y administrativos severos. En múltiples ocasiones, el MIA incluye información pertinente al municipio de San José de Iturbide en Guanajuato, en lugar de referirse al municipio de Villa Hidalgo donde realmente se desarrollará el proyecto. Esto incluye detalles sobre servicios disponibles, ordenamientos locales y características demográficas que no corresponden al área afectada directamente. Tales errores no solo invalidan partes importantes del estudio, sino que también reflejan negligencia o desconocimiento absoluto del entorno específico del proyecto.
Un caso particularmente preocupante es la inclusión de datos erróneos relacionados con el poblado Españita. Según el MIA, este se encuentra a 25 km de Villa Hidalgo, tiene una población de 965 habitantes y depende económicamente de la industria en Querétaro. Sin embargo, estos datos no guardan relación alguna con el municipio de Villa Hidalgo ni con el ejido Corcovada. Este tipo de errores no puede atribuirse simplemente a una confusión casual; parece indicar un intento deliberado de descontextualizar la realidad local. Además, se mencionan normativas estatales inexistentes, como la Ley de Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí, que nunca ha sido promulgada. Estas omisiones críticas subrayan la importancia de revisar exhaustivamente cualquier documento legal antes de su presentación oficial.