Un nuevo acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha establecido un marco legal para compartir información fiscal con fines migratorios. Este convenio permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitar datos confidenciales de contribuyentes que tengan órdenes judiciales de expulsión vigentes. Durante años, el IRS había mantenido la privacidad de esta información, incluso para inmigrantes sin documentos que utilizaban un número especial para cumplir con sus obligaciones fiscales. Ahora, bajo este memorando de entendimiento, se abre una nueva etapa en la cual los registros fiscales podrían desempeñar un papel clave en las estrategias de control migratorio.
Detalles del Acuerdo entre Agencias Federales
En un paso significativo dentro de la política migratoria estadounidense, el IRS y el DHS han formalizado un mecanismo mediante el cual se puede verificar la información fiscal de ciertos inmigrantes indocumentados. Este proceso comenzó a operar tras la firma del memorando por parte del secretario del Tesoro Scott Bessent y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. La iniciativa busca localizar a personas que recibieron una orden judicial de deportación pero no abandonaron el país dentro del plazo estipulado.
El acuerdo fue presentado ante una corte federal el 7 de abril y contiene disposiciones específicas sobre cómo ICE puede acceder a la información requerida. Según lo acordado, solo se permitirá investigar casos de individuos con órdenes de expulsión emitidas hace más de tres meses, y cuya ubicación resulte difícil de determinar utilizando otros métodos legales. El IRS evaluará cada solicitud individual enviada por ICE y proporcionará detalles como direcciones actuales o posibles empleadores si existen en sus bases de datos.
Aunque el gobierno defiende esta medida como un equilibrio entre la protección de la privacidad y el cumplimiento de la ley, algunas organizaciones critican que no hay normas explícitas que respalden el uso de datos fiscales con este propósito. Los expertos advierten que esto podría romper décadas de confidencialidad tributaria y afectar a millones de contribuyentes que usan números especiales para declarar sus impuestos.
Desde una perspectiva periodística, este caso resalta cómo las políticas públicas pueden transformar sistemas previamente independientes en herramientas de aplicación de la ley. Este tipo de colaboraciones interinstitucionales plantea preguntas importantes sobre la línea que separa la eficiencia gubernamental de la invasión de derechos individuales. Desde un punto de vista ético, es crucial reflexionar sobre si estas medidas son realmente necesarias o si podrían generar consecuencias imprevistas en comunidades vulnerables.