Un conflicto interno ha estallado dentro de la fiscalía especial encargada del caso Ayotzinapa, con acusaciones graves entre el fiscal Rosendo Gómez Piedra y un grupo de empleados. Las denuncias, presentadas ante diversas autoridades incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal general Alejandro Gertz, señalan al fiscal de peculado y extorsión, entre otros cargos. Por su parte, Gómez Piedra niega estas acusaciones, atribuyéndolas a una venganza tras despidos relacionados con supuestas prácticas indebidas. Este enfrentamiento afecta profundamente la misión principal de la unidad, cuya investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes sigue sin resoluciones claras.
El conflicto se remonta semanas atrás, cuando una denuncia firmada por "Ricardo Domínguez" fue entregada en Palacio Nacional. En este documento, se detallan diversos comportamientos inapropiados atribuidos a Gómez Piedra y su equipo. Se menciona que pasa pocas horas en la oficina, utiliza recursos institucionales para propósitos personales e incluso exige dinero a cambio de premios económicos. Además, se le acusa de contratar personas sin experiencia ni preparación adecuada, quienes posteriormente son presionadas financiermente. Estas acusaciones reflejan un ambiente laboral lleno de tensiones y falta de ética profesional.
Gómez Piedra rechaza rotundamente tales afirmaciones, argumentando que son represalias por despidos justificados. Según él, dos empleados despedidos intentaron robar información sensible relacionada con solicitudes de extradición y aspectos internacionales del caso. Esta situación llevó a la presentación de una nueva denuncia formal ante las autoridades correspondientes. A pesar de las acusaciones cruzadas, muchos empleados actuales prefieren guardar silencio debido al temor de represalias, mientras que otros ofrecen testimonios adicionales que corroboran ciertos puntos de la denuncia inicial.
La llegada de Gómez Piedra a la fiscalía especial, designado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, marcó un cambio significativo en la estructura y dirección del equipo. Su nombramiento provocó la salida de varios miembros clave y generó críticas internas desde el inicio. Las familias de los estudiantes desaparecidos expresan insatisfacción ante la percepción de que el fiscal ignora aspectos fundamentales de la investigación, centrándose más en procesos legales secundarios que en resolver la incógnita central del caso.
En medio de esta disputa institucional, surge una preocupante pregunta: ¿Cómo puede la fiscalía especial cumplir con su deber de esclarecer uno de los casos más emblemáticos de México si está sumida en controversias internas? La crisis actual no solo pone en duda la efectividad de la investigación, sino también la capacidad de las autoridades para manejar conflictos de manera constructiva. Mientras tanto, las familias de los estudiantes esperan respuestas que parecen cada vez más distantes.