En una reciente declaración pública, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó un tema delicado relacionado con las acciones del gobierno estadounidense hacia miembros de una familia vinculada a actividades ilícitas. La mandataria pidió claridad sobre el manejo que Estados Unidos ha tenido respecto a 17 personas relacionadas con Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo". Este caso resalta tensiones entre ambos países y plantea preguntas sobre políticas de extradición y designaciones internacionales.

La situación surge luego de que los familiares fueran entregados al FBI, lo que ha generado inquietud en círculos gubernamentales mexicanos. En su conferencia diaria, Sheinbaum destacó la necesidad de que Washington ofrezca explicaciones formales acerca de sus motivaciones y métodos. Subrayó que estas decisiones impactan directamente a ciudadanos mexicanos, incluyendo aquellos involucrados en investigaciones locales aún pendientes.

Además, se refirió a principios establecidos por Estados Unidos, tales como su postura de no negociar con grupos etiquetados como terroristas. Según Sheinbaum, si bien es válido que ciertas organizaciones sean clasificadas bajo esa denominación, resulta crucial que cualquier movimiento diplomático sea comunicado de manera clara tanto al público estadounidense como al mexicano.

Otro punto central mencionado fue el caso específico de Ovidio Guzmán López, quien ya fue extraditado durante el gobierno actual. Esto genera interrogantes adicionales sobre cómo se han manejado las investigaciones transfronterizas y qué implicaciones tiene para futuras colaboraciones bilaterales.

Finalmente, Sheinbaum reiteró la importancia del respeto mutuo en relaciones internacionales. A pesar de reconocer avances significativos en otros temas bajo la administración de Donald Trump, enfatizó que este asunto requiere atención especial debido a su naturaleza sensible y compleja.

La solicitud de información detallada subraya la necesidad de coordinación efectiva entre naciones aliadas. Además, resalta el compromiso del gobierno mexicano con la transparencia y la justicia, asegurando que todas las partes interesadas estén informadas adecuadamente sobre desarrollos clave en esta área.