En Yucatán, ha comenzado oficialmente un proceso destinado a modificar la estructura gubernamental vinculada con la transparencia y acceso a la información pública. Las reformas constitucionales propuestas buscan no solo eliminar ciertas instituciones, sino también integrar nuevas funciones dentro de otros departamentos estatales. Este cambio se fundamenta en la necesidad de alinear las normativas locales con los estándares nacionales.
El consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Gaspar Alemañy Ortiz, explicó que estas reformas tienen como objetivo central modernizar y optimizar las operaciones administrativas relacionadas con la transparencia. Además, mencionó que este primer paso es solo una parte de una serie de modificaciones que incluirán cambios más amplios, tales como la redefinición de roles dentro de la Secretaría de Contraloría del Estado.
La primera fase del proceso consiste en ajustes significativos al marco legal vigente en Yucatán. Se busca garantizar que las leyes locales sobre transparencia reflejen fielmente los principios establecidos a nivel federal. Este enfoque pretende eliminar duplicidades e ineficiencias presentes en el sistema actual.
Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la eliminación programada del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip). Según Gaspar Alemañy Ortiz, la decisión obedece a una necesidad de armonización entre lo local y lo federal. La idea es que las responsabilidades actuales del Inaip sean redistribuidas y asumidas por otras dependencias gubernamentales, particularmente la Secretaría de Contraloría. Esto permitirá una gestión más eficiente de los recursos y evitará superposiciones innecesarias.
Además, se espera que estos cambios fortalezcan la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos de transparencia y rendición de cuentas. El enfoque será menos burocrático y más orientado hacia resultados tangibles que beneficien a la ciudadanía. A través de la simplificación de procedimientos y la clarificación de roles, se aspira a mejorar la relación entre el gobierno y los ciudadanos.
Las implicaciones de estas reformas son amplias y abarcan tanto el ámbito legislativo como el ejecutivo. En términos generales, se prevé una transformación radical en cómo se manejan los temas relacionados con la transparencia gubernamental en Yucatán. Este proceso no solo afectará al Inaip, sino que también tendrá repercusiones en otras áreas del gobierno estatal.
Por un lado, la eliminación del Inaip implica la transferencia de sus funciones clave a entidades ya existentes. Esto requerirá una adaptación cuidadosa para asegurar que todas las actividades previamente realizadas por el instituto continúen sin interrupción. Por otro lado, la expansión de las atribuciones de la Secretaría de Contraloría representa un desafío importante, ya que deberá asumir nuevas responsabilidades mientras mantiene su eficacia operativa.
Adicionalmente, se espera que estas reformas fomenten una cultura de transparencia más robusta en toda la administración pública. Al reducir la complejidad burocrática y mejorar la coordinación entre diferentes departamentos, se facilitará el acceso a la información pública y se promoverá una mayor confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la implementación efectiva de las medidas propuestas y de la disposición de las autoridades involucradas para trabajar juntas hacia un objetivo común.