Un destacado activista de derechos humanos enfrenta incertidumbre tras su desaparición en circunstancias sospechosas. El pasado viernes 9 de mayo, Eduardo Torres, miembro clave del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), fue visto por última vez después de una reunión en Caracas. Según testimonios de su cónyuge, mantuvo contacto telefónico indicando que se dirigía a casa, sin embargo, no llegó y desde entonces no ha habido comunicación alguna. Este incidente pone en evidencia las persistentes amenazas contra defensores de derechos humanos en el país.

La labor incansable de Eduardo Torres en la promoción de justicia social y derechos fundamentales ha sido reconocida internacionalmente. Durante décadas, ha defendido causas vinculadas a trabajadores, estudiantes y comunidades vulnerables, denunciando prácticas abusivas como detenciones arbitrarias y torturas. Su implicación en múltiples casos sensibles le ha granjeado tanto admiración como enemistad, particularmente entre sectores que consideran su trabajo una amenaza para sus intereses. A pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por organismos internacionales, Torres ha sufrido continuo acoso, incluyendo restricciones de movilidad y vigilancia constante.

Este caso se produce en un contexto de intensificación de represalias contra voces disidentes en Venezuela. Organizaciones locales e internacionales han documentado un alarmante aumento en detenciones injustificadas y desapariciones en los últimos años, coincidiendo con eventos electorales. En este panorama sombrío, la comunidad internacional clama por acciones contundentes que garanticen la seguridad y libertad de Eduardo Torres. La exigencia es clara: debe garantizarse su aparición con vida y protegerse a quienes arriesgan todo para defender principios universales. Este llamado refuerza la necesidad de construir sociedades donde la justicia y la verdad prevalezcan sobre el miedo y la opresión.