Con una votación de 23 votos a favor y 8 en contra, el Congreso Local de Tamaulipas oficializó la extinción del Instituto de Transparencia. Esta decisión fue presentada como una medida para optimizar recursos y evitar duplicidades administrativas. Sin embargo, detrás de esta justificación se esconde una realidad más compleja que ha despertado críticas tanto dentro como fuera del estado.
El presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto, argumentó que la titular del organismo, Dulce Rocha Sobrevilla, tenía vínculos partidistas que comprometían su imparcialidad. Según él, su pasado como secretaria general del PAN estatal indicaba una lealtad hacia Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador del estado. Este planteamiento refleja tensiones políticas latentes que han influido en la toma de decisiones institucionales.
Patricia Saldívar Cano, diputada local del PAN, calificó este paso como "un día triste para Tamaulipas". Para ella, eliminar el ITAIT implica un regreso al modelo autoritario de décadas anteriores, donde el gobierno decide qué información puede ser accesible para la ciudadanía. Este punto de vista resalta preocupaciones legítimas sobre la pérdida de independencia en temas sensibles relacionados con la transparencia gubernamental.
Los defensores del ITAIT advierten que concentrar el acceso a la información en manos del Ejecutivo podría limitar la rendición de cuentas pública. En palabras de algunos legisladores, esta medida representa una vuelta al sistema de opacidad característico de los años ochenta, cuando el control informativo era una herramienta clave del poder político.
Por otro lado, quienes apoyaron la desaparición del ITAIT destacan beneficios económicos significativos. Según funcionarios públicos, este cambio permitirá ahorrar anualmente alrededor de 21 millones de pesos, recursos que podrían ser destinados a otros programas prioritarios. Este argumento enfatiza la necesidad de modernizar y racionalizar la administración pública en tiempos de crisis financiera.
Francisco Hernández Niño, uno de los principales promotores de esta reforma, subrayó que no se trata de reducir derechos fundamentales, sino de fortalecerlos mediante una estructura más eficiente. Según él, transferir responsabilidades al ámbito de la Contraloría garantizará una mayor capacidad operativa y técnica, asegurando que las obligaciones constitucionales en materia de transparencia sean cumplidas sin excepciones.
Antes de su disolución, el ITAIT cumplió un rol crucial en la construcción de una cultura de transparencia en Tamaulipas. A través de cinco ejes principales —resolución de recursos de revisión, promoción de la transparencia, protección de datos personales, verificación de portales y capacitación—, este organismo trabajó incansablemente por garantizar que tanto ciudadanos como autoridades tuvieran acceso a información relevante.
Su autonomía presupuestaria y operativa simbolizaba un avance importante en la lucha contra la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Además, su personalidad jurídica independiente le permitía actuar libremente, alejándose de influencias externas que pudieran comprometer su integridad.
La implementación de estas nuevas disposiciones deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Podrá la Contraloría asumir adecuadamente las funciones del ITAIT? ¿Cómo se garantizará la neutralidad e independencia en la gestión de la información sensible? Estas inquietudes son compartidas por expertos en derecho y ciudadanos preocupados por el futuro democrático de Tamaulipas.
Finalmente, queda claro que este debate no solo afecta al estado, sino que también tiene implicaciones nacionales. Si bien existen razones válidas para buscar mejoras en la administración pública, es vital no perder de vista los principios básicos que sustentan una sociedad abierta y participativa. Solo así será posible avanzar hacia un modelo de gobernanza verdaderamente inclusivo y transparente.