La controversia que rodea al estadio municipal de Balaídos ha escalado a niveles inesperados, con acusaciones cruzadas entre el alcalde socialista de Vigo y el presidente de la RFEF. Mientras se debaten cifras y proyectos, emerge una historia compleja que involucra intereses políticos, financieros y deportivos.
El núcleo del desacuerdo radica en las pretensiones de Vigo para adaptar su estadio a las normativas internacionales requeridas por la FIFA. Según Abel Caballero, el proyecto presentado permite alcanzar un aforo superior a los 43.000 espectadores mediante la reforma de una única grada, específicamente la Tribuna. Esta estrategia contrasta con otros recintos seleccionados como sedes mundiales, donde es necesario modificar cuatro gradas.
Caballero insiste en que esta diferencia no ha sido debidamente comunicada por Louzán, quien parece centrarse exclusivamente en aspectos negativos relacionados con el tamaño actual del estadio. Esto genera suspicacias sobre posibles motivaciones subyacentes o fallos en la gestión informativa desde la Federación Española de Fútbol.
Uno de los argumentos más sólidos presentados por el alcalde vigués es la viabilidad económica de la propuesta. Asegura que el ayuntamiento posee suficientes remanentes y ahorros acumulados para financiar completamente la reforma sin necesidad de apoyo externo. Incluso afirma que dicha inversión dejaría a la ciudad en una posición financiera "magnífica".
Esta afirmación cuestiona las prioridades establecidas por la RFEF y sugiere que existen alternativas viables que no han sido consideradas adecuadamente. Además, resalta la independencia económica de Vigo frente a otras ciudades candidatas que podrían depender de subvenciones gubernamentales.
Las críticas personales han intensificado el enfrentamiento. Rafael Louzán etiquetó las declaraciones de Caballero como "populismo", una acusación que no fue bien recibida por el alcalde. En respuesta, Caballero interpretó estas palabras como un ataque directo a la ciudad de Vigo y a sus habitantes, señalando que Louzán no soporta haber perdido la Diputación de Pontevedra ante un rival político con fuerte respaldo electoral.
Este componente emocional añade complejidad al debate técnico inicial, transformándolo en una disputa que trasciende lo puramente deportivo y abarca rivalidades históricas entre figuras políticas regionales.
Como solución propuesta, Abel Caballero exige mayor transparencia en el proceso evaluativo. Pide que todas las calificaciones obtenidas por los distintos candidatos para ser sedes del Mundial sean publicadas públicamente. Según él, esta medida garantizaría claridad y evitaría especulaciones infundadas.
La falta de información detallada alimenta sospechas sobre criterios utilizados durante la selección de estadios. Algunos expertos opinan que revelar estos datos podría ayudar a comprender mejor decisiones controvertidas y restaurar la confianza en las instituciones responsables.