En un capítulo relevante del juicio al exlíder colombiano Álvaro Uribe, la abogada Ángela Milena López entregó detalles sobre supuestas gestiones realizadas por prisioneros vinculados a una organización criminal. Según su declaración, estos detenidos intentaron contactar al círculo cercano de Uribe para ofrecer información comprometedora sobre personas allegadas al exmandatario. Este testimonio revela vínculos y dinámicas entre figuras políticas y grupos criminales, centrándose en cómo esta información fue gestionada.

La defensora explicó que recibió indicaciones de su cliente, Hernán Darío Giraldo Gaviria, conocido como Cesarín, quien lideraba actividades dentro de una red criminal significativa. Según ella, varios excombatientes recluidos en La Picota mostraron interés en comunicarse con representantes de Uribe o sus colaboradores. Estas conversaciones llevaron a una reunión crucial en un hotel bogotano.

En dicho encuentro, Ángela Milena López aseguró haberse encontrado con Fabián Rojas, entonces parte de la UTL del expresidente, y Diego Cadena, abogado de Uribe. Durante la cita, mencionó nombres y ubicaciones de los prisioneros interesados en hablar, dejando claro que no tenía acceso directo a los contenidos de sus declaraciones. “Mi papel era simplemente actuar como intermediaria”, recalcó.

El contexto de este episodio es complejo: se entrelazan conexiones entre líderes políticos y miembros de estructuras ilegales. Las acciones descritas por la abogada reflejan un posible uso de intermediarios para canalizar información sensible hacia círculos políticos influyentes.

Este testimonio arroja luz sobre las interacciones entre sectores legales e ilegales durante un período crítico de Colombia. Aunque la abogada solo fungió como mediadora, su relato pone de manifiesto cómo ciertas redes operaban bajo la sombra de figuras públicas destacadas. El caso sigue generando repercusiones en el ámbito judicial y político nacional.