Un escándalo ha sacudido al gobierno chileno tras la revelación de que datos incorrectos fueron suministrados durante el debate legislativo sobre un proyecto relacionado con el fraccionamiento pesquero. El ministro de Economía, Nicolás Grau, admitió públicamente que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, proporcionó información falsa al Congreso. Esta confesión ha desatado una ola de críticas y llamados a la renuncia tanto del ministro como del subsecretario involucrados. Legisladores y líderes políticos han enfatizado las graves consecuencias económicas y laborales que podrían derivarse de esta negligencia, incluyendo la pérdida de miles de empleos en la industria pesquera.

El origen del conflicto radica en la discrepancia entre los datos presentados por el subsecretario Salas y la realidad operativa del sector pesquero. Según Marcel Moenne, gerente general de PacificBlu, el sector industrial explota el 93% de la cuota asignada, cifra considerablemente mayor que la mencionada por Salas. Este error no solo cuestiona la transparencia del proceso legislativo, sino que también pone en riesgo la estabilidad laboral de más de tres mil trabajadores en la región del Biobío.

El senador Gastón Saavedra criticó duramente la actuación del gobierno, señalando que errores de tal magnitud son inaceptables en figuras de alto rango. A su juicio, la confesión pública del ministro Grau evidencia fallas estructurales que deben ser corregidas mediante medidas drásticas, como la renuncia de los funcionarios responsables. Otro legislador, Fidel Espinoza, coincidió en que la salida del ministro Grau es necesaria antes de cualquier otro paso, argumentando que su gestión fue negligente y perjudicial para el país.

Por su parte, Evelyn Matthei, candidata presidencial, calificó la situación como un ejemplo de improvisación e incompetencia gubernamental. En su opinión, alguien debe asumir la responsabilidad por este caos, destacando el impacto negativo que tendría la implementación del proyecto basado en datos erróneos.

Desde el ámbito empresarial, Alvaro Ananías, presidente de la CPC en el Biobío, expresó preocupación por la posible pérdida masiva de empleos. Subrayó la importancia de garantizar la precisión de la información utilizada en decisiones tan trascendentales, instando a todos los actores implicados a actuar con responsabilidad.

La ministra vocera interina, Aisén Etcheverry, reiteró el compromiso del gobierno con resolver el problema desde su raíz. Indicó que se están llevando a cabo conversaciones constructivas con las partes afectadas para encontrar soluciones viables. Aunque reconoció la gravedad del caso, resaltó la necesidad de abordar la situación con madurez y colaboración mutua.

La controversia ha puesto en jaque la credibilidad del gobierno Boric, exponiendo vulnerabilidades en su manejo de temas sensibles. Frente a estas acusaciones, la administración deberá demostrar su capacidad para gestionar crisis de manera efectiva y recuperar la confianza ciudadana. Los próximos días serán cruciales para determinar si se logra superar este obstáculo sin mayores consecuencias sociales y económicas.