Un tribunal federal decidió permitir la tramitación de un recurso de amparo contra el Decreto 780/24, una normativa que limita el acceso a datos públicos. Este decreto fue cuestionado por legisladores que argumentaron su inconstitucionalidad. La cámara revocó una decisión previa y ordenó proseguir con el juicio para determinar si dichas restricciones son compatibles con la Constitución Nacional.

El caso se centra en las implicancias del decreto presidencial, que introduce mayores límites sobre qué información puede ser solicitada y bajo qué circunstancias el gobierno puede negar su divulgación. Además, crea nuevas figuras legales como el "abuso del derecho" en solicitudes de información pública y restringe aspectos sensibles relacionados con defensa y relaciones exteriores.

Análisis Judicial Inicial y Evolución del Caso

El tribunal en lo Contencioso Administrativo Federal ha tomado medidas significativas al autorizar la revisión judicial del mencionado decreto. Esta decisión contraría un fallo inicial que desestimaba la legitimidad de los denunciantes. Ahora, el proceso avanza hacia una evaluación profunda de la constitucionalidad del decreto.

En detalle, el caso comenzó cuando un juzgado inferior desestimó la solicitud presentada por los diputados de la Coalición Cívica, quienes argumentaban que no poseían la capacidad legal para litigar contra el decreto. Sin embargo, tras una apelación exitosa, la cámara superior consideró necesario analizar nuevamente tanto la legitimación de los actores como la validez constitucional del decreto. Esto implica que ahora se evaluará si el gobierno excedió sus atribuciones mediante esta normativa restrictiva, afectando principios fundamentales como la transparencia gubernamental y el acceso ciudadano a la información pública.

Impactos Legales y Sociales del Nuevo Decreto

El Decreto 780/24 establece modificaciones sustanciales en cuanto a la divulgación de información pública, ampliando considerablemente las áreas sujetas a confidencialidad y otorgando mayor discrecionalidad a los funcionarios públicos.

Entre los cambios más relevantes, destaca la introducción de conceptos como el "ámbito privado" de los funcionarios, que permite negar acceso a ciertos datos personales o relacionados con actividades oficiales consideradas privadas. Asimismo, se incorpora la figura del "abuso del derecho", mediante la cual se persigue judicialmente a quienes supuestamente solicitan información sin buena fe. Estas innovaciones han generado críticas por parte de organizaciones civiles y expertos en derechos humanos, quienes advierten sobre un posible retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Además, elimina disposiciones clave relativas a la divulgación obligatoria de información vinculada con políticas de seguridad y defensa nacional, aumentando así la opacidad en estos sectores fundamentales.