La solicitud para emitir una notificación roja contra Anabell de Jesús T. C., exjueza de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue rechazada por la Policía Internacional debido a la falta de información complementaria requerida. Este caso forma parte de un proceso judicial más amplio conocido como "Pantalla", donde se investiga el delito de asociación ilícita. Según un comunicado oficial enviado al juez encargado del caso en Ecuador, Interpol había solicitado detalles adicionales que nunca fueron proporcionados dentro del plazo estipulado. Este rechazo ha generado repercusiones legales y afecta las posibilidades de localización internacional de la exfuncionaria.
El Grupo Especializado de Notificaciones y Difusiones de Interpol comunicó su decisión mediante un documento el 12 de mayo pasado al conjuez Fernando Cantos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En este escrito, se detalló cómo el grupo responsable de evaluar solicitudes de notificación roja pidió información adicional el 29 de enero de este año. Esta información era crucial para cumplir con las normativas internacionales de Interpol relacionadas con el tratamiento de datos personales y garantizar la legalidad de la petición.
Interpol destacó que incluso se otorgaron dos prórrogas durante los meses de marzo y abril de 2025 para recibir dicha información. Sin embargo, ante la ausencia de respuesta por parte de las autoridades competentes ecuatorianas, el Grupo Especializado tomó la decisión de denegar la solicitud de notificación roja. Como consecuencia, toda la información relativa a Anabell de Jesús T. C. fue eliminada de las bases de datos de Interpol.
Anabell de Jesús T. C. es uno de los dos acusados en el caso Pantalla, junto con Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Ambos son señalados por influir indebidamente en funcionarios subordinados para obtener información privilegiada que beneficiara a ciertos participantes en el proceso de selección pública de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Este proceso comenzó en junio de 2023 y ha desencadenado múltiples investigaciones y sentencias contra otros involucrados.
A pesar de esta decisión, Interpol sugirió al juzgado que si existe necesidad futura de determinar la ubicación de la procesada para fines de extradición, se debe formular una nueva solicitud acompañada de evidencias claras y específicas conforme a las normas establecidas. Además, otros tres procesados vinculados al caso ya han sido condenados tras reconocer su participación en los hechos investigados.
En la audiencia preparatoria de juicio celebrada entre el 28 y 29 de abril, tanto Terán como la fiscal general Diana Salazar debatieron sobre posibles vicios de nulidad en el proceso. El conjuez Fernando Cantos aún no ha emitido su veredicto debido a una recusación presentada por Terán, quien argumentó falta de imparcialidad del magistrado.
Este desarrollo en el caso resalta la importancia de la cooperación internacional en asuntos judiciales complejos. La negativa de Interpol subraya la necesidad de cumplir con procedimientos rigurosos y responder oportunamente a las solicitudes de información para garantizar la efectividad de las medidas legales transnacionales.