El gobierno ha introducido una medida clave para supervisar los incrementos en las cuotas de las empresas de servicios médicos privados. Mediante una resolución emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), estas compañías deben notificar al organismo antes de implementar cualquier ajuste en el costo de sus planes. Este paso busca ordenar y estandarizar el proceso de comunicación sobre estos aumentos, asegurando transparencia hacia los usuarios.

La Resolución 645/2025 establece un marco formal que todas las empresas del sector deben cumplir. Este movimiento se produce tras meses de llamados a mitigar los incrementos en respuesta al impacto inflacionario. En 2024, las cuotas subieron más rápido que la inflación general. La nueva norma exige que las empresas proporcionen detalles claros sobre los ajustes, incluyendo comunicaciones completas dirigidas a los usuarios, variaciones porcentuales y nuevos valores desglosados por plan, edad y región geográfica.

Además, las empresas deben presentar esta información a través del sitio web oficial de la SSS dentro de cinco días posteriores a la publicación del último índice de precios elaborado por el INDEC. Esta presentación debe realizarse con una antelación mínima de 30 días corridos antes del vencimiento de la cuota correspondiente. El incumplimiento invalidará la comunicación enviada a los afiliados.

Esta medida sigue a otra decisión previa tomada en septiembre de 2024 mediante la Resolución 2155/2024, que ya había delineado lineamientos generales para la comunicación de estos ajustes. Ahora, la regulación se amplía y refuerza para garantizar mayor control y transparencia en el sector.

Con esta iniciativa, el gobierno busca equilibrar las necesidades financieras de las prepagas con la protección de los derechos de los afiliados. Al establecer un procedimiento claro y obligatorio, se pretende evitar sorpresas inesperadas para los usuarios y promover una relación más justa entre las partes involucradas. Este esfuerzo representa un cambio significativo en comparación con la desregulación inicial impulsada por el anterior gobierno.