El veredicto emitido por el magistrado aclara las medidas de protección aplicadas al Duque en distintos contextos geográficos. Según lo expuesto, cuando el Duque se encontraba dentro del territorio británico, se le otorgaban niveles adecuados de seguridad dependiendo de cada situación específica. Sin embargo, al estar fuera del Reino Unido, no formaba parte del círculo de vigilancia proporcionado por el comité gubernamental encargado. Este criterio fue descrito como coherente y razonable dentro del fallo judicial.

La decisión tomada considera que el sistema de seguridad implementado no era arbitrario ni infundado. El juez enfatizó que existía una lógica detrás de este esquema diferenciado de protección, destacando su sensatez ante posibles críticas. Este enfoque garantiza que las necesidades de seguridad sean evaluadas cuidadosamente según las condiciones cambiantes en las que se encuentre el Duque.

Este caso refleja cómo los sistemas legales y de protección pueden adaptarse a situaciones particulares sin perder de vista principios fundamentales de prudencia y eficiencia. Al establecer normas claras y basadas en razones sólidas, se asegura tanto la seguridad de figuras públicas como la transparencia en la toma de decisiones relacionadas con su bienestar personal. Es un ejemplo de cómo el sentido común puede prevalecer en asuntos complejos.