La reunión entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y representantes del ayuntamiento de Vigo ha dejado al descubierto un profundo desacuerdo sobre el proceso de selección de sedes para el Mundial 2030. El alcalde vigués, Abel Caballero, solicitó información detallada mediante notario, destacando la falta de claridad en las decisiones que excluyeron a Vigo. Durante la reunión, se plantearon múltiples preguntas relacionadas con los criterios de evaluación y posibles modificaciones en las calificaciones asignadas.

Tras el encuentro, ambas partes expresaron su postura ante los medios, reiterando la falta de consenso. La RFEF aseguró haber respondido dentro de los límites legales, mientras que Vigo pidió mayor transparencia, incluida una auditoría independiente. Aunque se mantuvo abierta la posibilidad de reconsiderar ciudades adicionales, esto no afectaría a las 11 sedes ya seleccionadas.

Análisis del Proceso de Evaluación

El conflicto central gira en torno a la percepción de opacidad en el sistema de evaluación utilizado por la RFEF. El dossier presentado por Abel Caballero cuestiona aspectos fundamentales como las puntuaciones otorgadas a cada ciudad antes de la exclusión de Vigo, así como los criterios específicos empleados en esta valoración. Además, se investiga si hubo cambios significativos en la clasificación después del 25 de junio de 2024.

En detalle, las preguntas abordan temas cruciales: si se consideró el "criterio de vecindad internacional" propuesto oficialmente; cuándo y cómo se comunicaron las recalificaciones internas que afectaron a Vigo; y si existió conocimiento previo de declaraciones anticipadas sobre su exclusión. Estas interrogantes reflejan preocupaciones más amplias sobre la imparcialidad y equidad del proceso, especialmente cuando se menciona la posible falta de documentación formal en ajustes críticos realizados fuera de canales oficiales.

Perspectivas Futuras y Transparencia Institucional

La respuesta de la RFEF subraya su compromiso con la transparencia dentro de los marcos legales establecidos, aunque reconoce limitaciones derivadas de acuerdos de confidencialidad. A pesar de las tensiones actuales, la federación deja claro que está dispuesta a colaborar con Vigo o cualquier otra ciudad interesada en futuros proyectos mundiales, siempre y cuando no perjudique a las ciudades ya seleccionadas.

Esta disposición abre un espacio para negociaciones futuras, aunque también destaca la autoridad final de la FIFA en decisiones definitivas. Sin embargo, la solicitud de una auditoría independiente planteada por Vigo podría ser vista como un paso esencial hacia la clarificación de dudas persistentes. Este caso ejemplifica la importancia de mantener procesos transparentes y bien documentados, no solo para evitar conflictos similares en el futuro, sino también para preservar la credibilidad institucional frente a entidades internacionales clave como la FIFA.