Las autoridades fiscales y disciplinarias de Colombia han iniciado un análisis exhaustivo sobre la gestión de Air-e y su papel en el control de subsidios relacionados con energía eléctrica y gas. Este movimiento busca asegurar que los servicios públicos esenciales mantengan estándares adecuados de calidad, cobertura y sostenibilidad. A través de una comisión interinstitucional recién formada, se vigilarán las medidas correctivas implementadas en este sector crucial. Las preocupaciones centrales giran en torno a una deuda pública considerable vinculada a subsidios pendientes, que podría comprometer el acceso a estos recursos básicos para millones de colombianos.

La Contraloría General de la República ha destacado que el retraso en los pagos de subsidios energéticos genera una amenaza significativa para el sistema. Según cifras oficiales, la deuda acumulada alcanza los 7,6 billones de pesos colombianos. Esta situación pone en peligro no solo la operación de empresas del sector, sino también la calidad de vida de los ciudadanos pertenecientes a estratos socioeconómicos más vulnerables, específicamente los estratos 1, 2 y 3. Para abordar este problema, se convocó a una mesa de trabajo donde participarán diversas entidades gubernamentales.

El objetivo principal de esta intervención es garantizar que los mecanismos establecidos para distribuir subsidios funcionen sin contratiempos. Además, se evaluará si existe algún tipo de deficiencia estructural o administrativa que esté contribuyendo al deterioro financiero actual del sector. La supervisión incluirá tanto aspectos técnicos como administrativos, buscando identificar áreas susceptibles de mejora.

Este proceso responde a una creciente preocupación por parte de organismos de control fiscal ante la posibilidad de un colapso sistémico en el suministro de energía y gas. Los expertos coinciden en que la falta de liquidez puede derivar en consecuencias graves para familias y negocios dependientes de estos servicios esenciales. Por ello, la colaboración entre instituciones resulta fundamental para encontrar soluciones efectivas antes de que la crisis se agrave.

Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar la gobernanza del sector energético mientras se trabaja en estrategias para reducir el riesgo sistémico. Asimismo, se espera que mediante este enfoque coordinado se logre mejorar la eficiencia en la asignación de recursos públicos destinados a los subsidios, protegiendo así a las poblaciones más afectadas por los desafíos económicos actuales.