En un mundo donde el acceso a la información es fundamental para la democracia, se destaca la importancia de que los medios de comunicación ofrezcan contenido veraz e imparcial. Este principio está respaldado por el artículo 20 de la Constitución, que protege tanto a quienes suministran como a quienes reciben información. A lo largo de los años, la Corte Constitucional ha subrayado la doble vía del derecho a la información: no solo abarca al informador, sino también al receptor, quien tiene derecho a recibir mensajes claros y precisos. Sin embargo, en contextos polarizados como el colombiano, algunos periodistas han mostrado sesgos políticos o ideológicos que afectan la calidad de la información transmitida. Este fenómeno puede llevar a desinformación y vulnerar derechos fundamentales.

Un Análisis sobre la Ética Periodística en Colombia

En tiempos de creciente división política, es crucial examinar cómo ciertos profesionales de la comunicación han mezclado sus propias opiniones con la información objetiva que deben proporcionar. Un ejemplo reciente ocurrió durante una transmisión en vivo sobre la crisis de pacientes que enfrentan dificultades para acceder a medicamentos esenciales. En este caso, una entrevistada fue abruptamente interrumpida por una comunicadora cuando mencionaba la Ley 100 de 1993, un tema clave relacionado con la problemática. La acción generó controversia y evidenció cómo las inclinaciones personales pueden interferir en el flujo informativo.

Este episodio resalta un problema más amplio: la necesidad de que los periodistas mantengan su independencia profesional, separando sus convicciones personales de su labor cotidiana. Según principios éticos establecidos, un periodista debe ser veraz, responsable e imparcial, evitando manipulaciones o censuras que distorsionen la realidad. Esta responsabilidad no solo garantiza el cumplimiento del derecho a la información, sino que también fortalece la confianza pública hacia los medios de comunicación.

Desde una perspectiva histórica, decisiones judiciales como la Sentencia T-332 de 1993 han reforzado la idea de que la calidad de la información debe ser una prioridad. Los ciudadanos tienen derecho a recibir datos completos y sin sesgos, lo que permite formar juicios informados sobre temas relevantes para la sociedad.

En conclusión, la ética periodística exige un compromiso firme con la verdad y la objetividad, incluso en momentos de alta tensión política. Este rol es indispensable para construir sociedades justas e informadas.

Como lectores y espectadores, debemos exigir que nuestros comunicadores reflexionen sobre su impacto en la opinión pública y asuman su papel con integridad. Solo así se podrá preservar el derecho fundamental de todos a estar bien informados.