El debate sobre la respuesta gubernamental ante una reciente catástrofe natural ha cobrado nuevo impulso tras declaraciones de Susana Camarero, vicepresidenta primera del Consell valenciano. Durante una intervención pública, Camarero defendió el papel del presidente Carlos Mazón durante la tarde del 29 de octubre, explicando que este estuvo ocupado gestionando llamadas relacionadas con la situación. La ausencia de información precisa sobre el desbordamiento del barranco del Poyo ha sido justificada como la causa principal por la que no se tomaron medidas adicionales. Aunque cinco meses han transcurrido desde el evento, persisten dudas sobre los movimientos del presidente en un periodo clave.
En su defensa, Camarero subrayó que las alertas recibidas ese día señalaban un peligro en la presa de la Forata, pero no mencionaron riesgos asociados al barranco del Poyo. Este detalle es crucial para entender las limitaciones informativas que enfrentaron las autoridades locales. Según sus palabras, si hubieran contado con datos más precisos, habrían actuado en consecuencia. Además, rechazó insinuaciones de negligencia, destacando que la cuestión judicial abierta en Catarroja no debería influir en la trayectoria política de Mazón. En lugar de eso, su enfoque debe centrarse en la reconstrucción de las áreas afectadas.
La postura del gobierno valenciano contrasta con la del Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez, a quien Camarero acusó de buscar ventajas políticas en medio de la tragedia. Según ella, mientras el gobierno nacional debatía estrategias políticas, el equipo regional trabajaba activamente en labores de rescate y recuperación. Esto incluyó intentos fallidos de colaboración con el gobierno central, lo que refleja tensiones interinstitucionales.
Además, la vicepresidenta minimizó preocupaciones relacionadas con la declaración de Salomé Pradas, exconsellera, asegurando que su testimonio no compromete al presidente. Por otro lado, criticó el ritmo lento con que el gobierno central ha procesado ayudas destinadas a las comunidades afectadas, comparándolo con la agilidad mostrada por las autoridades regionales.
Este caso pone de relieve la complejidad de coordinar respuestas efectivas entre niveles gubernamentales diferentes, especialmente en situaciones de crisis. Las diferencias en la percepción de responsabilidades y recursos disponibles continúan siendo un punto de fricción, mientras tanto, la atención sigue centrada en garantizar una reconstrucción completa y justa para las comunidades impactadas.