El gobierno de Estados Unidos ha solicitado a numerosas empresas europeas ajustarse a las nuevas normativas norteamericanas que prohíben prácticas relacionadas con la discriminación positiva. En lugar de realizar verificaciones exhaustivas sobre las declaraciones recibidas, se espera que las compañías autocertifiquen su conformidad con estas regulaciones. Países como Francia, Bélgica y Dinamarca han sido contactados mediante correos electrónicos donde se les pide información acerca de programas internos destinados a combatir diversas formas de discriminación. Estas medidas reflejan una postura más estricta del presidente Donald Trump hacia políticas de diversidad e inclusión.
En los últimos meses, múltiples empresas con vínculos comerciales en Estados Unidos han recibido comunicaciones conteniendo cuestionarios específicos. Estos formularios demandan certificaciones de que las organizaciones no poseen iniciativas orientadas a promover la igualdad y la inclusión. Según las autoridades estadounidenses, tales programas violarían las leyes federales antidiscriminatorias recientemente fortalecidas por el gobierno de Trump.
Las embajadas estadounidenses en distintos países europeos han explicado que estos requerimientos forman parte de un proceso para asegurar la alineación de contratos y subvenciones con los principios establecidos por la administración actual. Las misiones diplomáticas enfatizan que no hay intención de llevar a cabo investigaciones adicionales, sino únicamente solicitar confirmaciones escritas por parte de las empresas involucradas.
Desde su llegada al poder, Trump ha mostrado oposición constante hacia las políticas de diversidad e inclusión, argumentando que estas generan desigualdades injustificadas. Sus seguidores comparten esta visión, considerando tales programas como discriminatorios en sí mismos. Este debate resalta tensiones entre diferentes enfoques culturales y legislativos sobre cómo abordar cuestiones de igualdad en el ámbito laboral.
Este enfoque del gobierno estadounidense plantea desafíos significativos para las empresas europeas que buscan mantener relaciones comerciales con EE.UU., ya que deben equilibrar sus propias estrategias de inclusión con las exigencias externas impuestas desde Washington. A medida que se desarrolla este proceso, es probable que surjan debates más amplios sobre cómo reconciliar valores globales con regulaciones locales.