El gobierno español ha introducido reformas significativas al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Reglamento General de Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria (RGAT). Estas modificaciones buscan fortalecer el cumplimiento fiscal mediante la inclusión de nuevas obligaciones informativas relacionadas con guarderías, sistemas de pago electrónico y entidades financieras. Las actualizaciones pretenden garantizar una mayor transparencia en los pagos realizados por empresarios y profesionales, así como facilitar la lucha contra el fraude fiscal.
En un esfuerzo por modernizar el sistema tributario español, se han implementado ajustes clave al IRPF y RGAT. Desde el pasado 2 de abril de 2025, las guarderías deben proporcionar información sobre su autorización oficial, similar a lo exigido a los centros educativos infantiles. Este cambio asegura que cualquier institución autorizada para cuidar menores pueda acceder a deducciones fiscales por maternidad.
Por otro lado, debido a la creciente globalización y avances tecnológicos, se ha ampliado el alcance de las obligaciones informativas para incluir emisores de tarjetas de todo tipo y sistemas de pago asociados a números de teléfono móvil. Esta medida afecta tanto a empresas nacionales como extranjeras operando en territorio español, incluso sin presencia física directa.
Además, las entidades financieras deberán suministrar información mensual sobre cuentas bancarias y no bancarias, abarcando también cuentas de pago. Se eliminó el umbral anual neto de 3.000 euros para reportar cobros mediante tarjetas, aunque la información económica detallada solo será requerida al final del año fiscal. Finalmente, se estableció una nueva obligación informativa anual para registrar operaciones realizadas con tarjetas cuyos cargos o abonos excedan los 25.000 euros.
Desde un enfoque más amplio, estas medidas reflejan la necesidad de adaptarse rápidamente a un entorno económico cambiante, donde los métodos de pago digitales son cada vez más comunes.
Estas reformas representan un paso crucial hacia una mayor transparencia fiscal en un mundo digitalizado. La inclusión de nuevas obligaciones informativas demuestra la importancia de mantenerse al día con las tendencias globales en tecnología financiera. Al mismo tiempo, subraya la necesidad de equilibrar la protección de datos personales con la prevención del fraude fiscal. Para los ciudadanos españoles, estas normativas prometen un sistema más justo y eficiente, donde todos contribuyen equitativamente al bienestar común.